El denominado Decreto Canarias no es un documento más ni un simple trámite político: es una oportunidad real para reforzar la cohesión territorial del Archipiélago y responder, con medidas concretas, a las singularidades que condicionan la vida de miles de canarios. En un contexto marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la necesidad de garantizar financiación suficiente para los servicios públicos esenciales, este borrador de decreto debe culminarse con responsabilidad, utilidad y pensando en la gente, bajo las premisas de nuestro Régimen Económico y Fiscal, el Estatuto de Autonomía y la condición de Región Ultraperiférica.
Cuando se habla de igualdad entre territorios, es imprescindible entender que no se construye tratando a todos por igual, sino aplicando soluciones ajustadas a las condiciones reales de cada isla. La Gomera y El Hierro, soportan dificultades estructurales derivadas de la doble insularidad, del encarecimiento de la vida cotidiana y de una pérdida paulatina de oportunidades que alimenta el riesgo del despoblamiento. El propio texto del Real Decreto-ley reconoce esa realidad y plantea medidas urgentes para restaurar equilibrios y garantizar continuidad de políticas públicas esenciales.
Uno de los aspectos más relevantes del Decreto Canarias es que da cobertura a una reivindicación histórica: la extensión de la deducción del 60% del IRPF para los ciudadanos de La Gomera y El Hierro, en igualdad de condiciones con lo que ya el Estado aplica en La Palma tras la erupción. No se trata de privilegios ni de comparaciones estériles, sino de coherencia institucional y justicia territorial. Si una herramienta fiscal ha demostrado ser necesaria para compensar dificultades específicas y sostener el tejido social y económico en una isla, lo razonable es que también se aplique allí donde existen obstáculos similares y donde el futuro demográfico está en juego.
Esta medida, además, no solo representa un alivio directo para muchas familias, sino que envía un mensaje claro de compromiso con la igualdad real: vivir en una isla no capitalina no puede convertirse en una desventaja permanente. El borrador del decreto lo establece de forma expresa al extender esa deducción a La Gomera y El Hierro, reforzando la idea de que el Estado debe adaptar sus políticas a las singularidades de Canarias, especialmente en los territorios más vulnerables a la pérdida de población y actividad económica.
Pero si hay un elemento que resume la urgencia y el sentido común del Decreto Canarias, ese es la necesidad de garantizar la conectividad. La conectividad no es un lujo ni una cuestión secundaria: en un archipiélago es un derecho básico que condiciona el acceso a la sanidad, a la educación, al empleo, a la actividad empresarial y a la igualdad de oportunidades. Por eso resulta fundamental que este decreto impulse una obligación de servicio público que permita conectar de forma estable y eficiente La Gomera, El Hierro y La Palma, garantizando frecuencias, capacidad y tarifas razonables.
En definitiva, el Decreto Canarias debe entenderse como una hoja de ruta para avanzar hacia una Canarias más equilibrada, donde el progreso no dependa del lugar en el que se vive. No se trata solo de medidas fiscales o de transporte, sino de reforzar las bases del desarrollo económico y social del Archipiélago, con herramientas que protejan a las islas más expuestas a la pérdida de población, a la falta de oportunidades y a los sobrecostes derivados de la insularidad.
Ahora más que nunca, lo que corresponde es culminar este documento desde el consenso, el diálogo social, y acercándose a lo que realmente importa: la vida cotidiana de las personas. Porque si de verdad queremos avanzar hacia una Canarias de iguales, esta es la vía más sensata para lograrlo. Y porque cuando el objetivo es garantizar justicia territorial, cohesión y futuro, el sentido común no debería ser una opción: debería ser la obligación compartida de todas las instituciones e ideologías políticas.