Las nuevas prioridades de la Unión Europea (UE) y la propuesta de la Comisión Europea (CE) de nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 abren muchas incertidumbres. Especialmente respecto a las políticas de cohesión económica social y territorial, o en torno a la dotación de la Política Agraria Común (PAC), que, de aprobarse en sus actuales términos, pueden ver sus partidas notablemente debilitadas. Igualmente, resulta preocupante que se pretenda imponer un enfoque claramente recentralizador en la gestión del presupuesto comunitario, reduciendo sustancialmente el papel que tienen reconocidas las RUP en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento (TFUE).
Un Presupuesto europeo que se aprobará en medio de un mundo cambiante y en ebullición en el que se encuentran en grave riesgo los valores y libertades democráticas. En el que se producen genocidios sin que nada les pase a los brutales agresores. En el que Estados Unidos desprecia la soberanía nacional de los estados y ha dinamitado lo poco que quedaba de normas, de legalidad y de organizaciones internacionales multilaterales, apostando sin disimulos por un imperialismo de rapiña basado en la preminencia de su fuerza militar. En ese marco global, la Unión Europea debe fortalecerse si no quiere ser absolutamente subsidiaria. Y para ello debe comprometerse firmemente con el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, así como con la diversidad de pueblos que la integran, para ganar en legitimidad y no facilitar la tarea a quienes, como Trump y sus aliados de la extrema derecha, quieren destruirla.
Novedades y prioridades
Una de las novedades del MFP 2028-2032 es la disminución del número de rúbricas o categorías amplias de los programas de financiación, pasando de siete a cuatro: “Cohesión económica, social y territorial, agricultura, prosperidad rural y marítima y seguridad” a la que se propone asignar un total de 1.062.220 millones de euros; “Competitividad, prosperidad y seguridad” (589.594 millones); “Europa Global” (215.203 millones) y “Administración” (117.877).
Además, las cuentas europeas están marcadas por las prioridades que la Unión se marca para el próximo periodo. Entre ellas, garantizar la cadena de suministros y la autonomía estratégica, tras la experiencia vivida en la pandemia de la Covid 19; poner freno a la brecha de innovación con China y Estados Unidos, reforzando su soberanía estratégica, competitividad y autonomía tecnológica, tarea nada sencilla; y reforzar la apuesta por la transición verde y la lucha contra la Crisis Climática. Son objetivos que compartimos globalmente. Y que se incluyen en la rúbrica 2, que también incluye la seguridad.
Hay que recordar, además, que la creciente preocupación por la defensa y la seguridad, tras la invasión y la guerra de Ucrania y, más recientemente con la crisis de relaciones con EEUU, se plasma en el Plan Rearmar Europa/Preparación 2030 (800.000 millones de euros, de los que 150.000 puede ser deuda mutualizada y el resto debe aportarlo cada Estado). Autorizando además a los estados para aplicar la Cláusula de salvaguarda para no tener que cumplir con la regla de limitación del gasto para el caso de “seguridad y defensa”.
El problema, y no es menor, es pretender abordar esas prioridades con un MFP que se acerca a los dos billones de euros lo que supone el 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE para ese periodo, por encima del MFP actual (1,1% de la RNB). Creciendo, pero de manera insuficiente para encajar las nuevas prioridades, lo que lleva a la reducción de las dos grandes partidas de gasto tradicionales de la UE: las políticas de cohesión (fondos estructurales y de inversión) y la PAC. Partidas que impactan decididamente en la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos europeos. Según un informe del Instituto Elcano, estas políticas tradicionales “pasarán de suponer dos tercios del total, como ha sido el caso durante décadas, a un 43%”.
Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) consideramos positivo el compromiso europeo para incrementar la innovación y la competitividad. Pero no compartimos el importe económico del MFP y la reducción en políticas de cohesión y en la Política Agraria Común. Tampoco el que se elimine la propia PAC como política propia como hasta ahora, al incorporarla a una partida global que se concede a cada Estado. Planteando un “único plan nacional por estado miembro” que agruparía los fondos de cohesión, la PAC y otras ayudas. Lo que supone un enfoque más recentralizador de la gestión del presupuesto comunitario que el existente en la actualidad.
Además, en distintos artículos de las dos propuestas de Reglamento que ha propuesto la CE en el marco de su acuerdo de nuevo MFP 2028-2034 queda claro que las especificidades de las regiones ultraperiféricas, tanto en política de fondos de cohesión como en la aplicación diferenciada de la PAC para las RUP (los POSEI), van a estar en los Planes nacionales de cada estado.
Gestión descentralizada
El MFP 2028-2034, de mantenerse en su actual conformación, afectaría negativamente a las regiones ultraperifericas y, por tanto, a Canarias. Las políticas de cohesión, fondos estructurales y de inversión (Feder, Fondo Social Europeo y Cooperación Territorial, son esenciales. Por eso, defendemos el mantenimiento de la gestión descentralizada y regionalizada de estos fondos (como hasta ahora, aunque a nivel de la UE se adopte otro enfoque con los fondos). Convencidos de que las regiones son las más cercanas a la realidad de su ciudadanía; desde ellas se puede programar mejor para responder a las necesidades propias del territorio. Aumentando la flexibilidad en la programación para atender a las singularidades territoriales.
Resulta imprescindible el mantenimiento y actualización del importe del Fondo RUP en el FEDER (en el actual MFP 2021-2027 es de 40 euros por habitante) y en el FSE+, así como continuar con la cofinanciación del 85% en FEDER, FSE+ y Cooperación Territorial. También la puesta en valor de la posición geoestratégica de las RUP para la UE mediante el refuerzo de sus programas de Cooperación Territorial y de sus vínculos con la política exterior de la UE, especialmente con la iniciativa Europa Global, además de con otros fondos internacionales de la UE, en ámbitos como migración, lucha contra el cambio climático o acuerdos comerciales.
Por otra parte, reclamamos actualizar el POSEI, el primer pilar de la PAC, que desde 2007 tiene congelados sus importes. Para Canarias supone 268 millones de euros anuales, de los que 206 son ayudas a producciones agrarias locales y 62 millones para ayudas del REA (Régimen Específico de Abastecimiento). Y consideramos que el segundo pilar, el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) (antiguo Programa de Desarrollo Rural), financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), debe contar con mayor gobernanza de las RUP para establecer sinergias y complementar con el POSEI. Solicitando una cofinanciación del 85% (en la actualidad viene siendo de un 80%).
Igualmente, planteamos otras solicitudes específicas de las RUP fuera del nuevo MFP, pero estrechamente relacionadas con este y con las prioridades de la UE. En aspectos como el máximo nivel en la intensidad de las ayudas de finalidad regional al margen del nivel de renta de las RUP; especificidades en la aplicación de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta que la única vía de conectividad de casi todas las RUP son el transporte aéreo y marítimo. Sin olvidar una mayor cogobernanza y la posibilidad de regionalizar parte de los fondos europeos de asilo, migración e integración.
Considerando positiva, asimismo, la incorporación del acceso a la vivienda en la nueva prioridad incluida por la UE en la Comunicación UE Una política de cohesión modernizada: revisión intermedia (1 de abril 2025), para la reprogramación de los fondos FEDER 2021-2027. De gran interés en una comunidad, como Canarias que padece una grave crisis habitacional. Aunque en este asunto, desde NC-bc continuamos reclamando el establecimiento de normas que limiten la adquisición de viviendas por no residentes en Canarias.
Consenso y compromiso
Valoramos el consenso alcanzado en el Parlamento de Canarias con relación al Marco Financiero Plurianual 2028-2032, en defensa de la cohesión social, de la PAC y del papel que deben tener las RUP en la gestión descentralizada y regionalizada de los distintos fondos europeos. Y que no se mezclara, como pretendían los grupos que apoyan al Gobierno, con el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que es un asunto bien distinto.
Exigimos, asimismo, coherencia en el Gobierno de Canarias. Y eso no sucede cuando el sector primario es maltratado en los tres Presupuestos de la legislatura y cuenta para 2026 con 12 millones de euros menos que los que dejó el Pacto de Progreso en 2023. Cuando hace poco o nada en materia de vivienda. O cuando insiste en un modelo económico insostenible, con un crecimiento turístico sin límites, que atrae población, dificulta la vida de los residentes y no es capaz de repartir mejor la riqueza que se genera en esta tierra. Aquí, en las Islas, también hay que trabajar con eficacia y resolviendo los problemas prioritarios de la gente.
Román Rodríguez es secretario nacional de Formación, Programas y Estrategias de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc).