La formación política señala que la defensa y vigilancia del medio natural debe realizarse a través del refuerzo de los dispositivos civiles ya existentes, en especial mediante el fortalecimiento de los cuerpos específicamente creados para esta labor, como los agentes de medio ambiente, que ostentan la condición de agentes de la autoridad y cuentan con la formación adecuada para la protección del territorio.
La formación recuerda que el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Garajonay, aprobado por Real Decreto 1531/1986, de 30 de mayo, señala en su apartado tercero en el punto 3.11 la incompatibilidad con la finalidad del Parque de todo tipo de maniobras militares y ejercicios de mando salvo en los supuestos de estados de alarma, excepción y sitio. En este sentido, el partido solicita que se dé a conocer a la ciudadanía gomera algún convenio entre la Comunidad Autónoma y el Estado para este tipo de usos; así como que se explique por parte del máximo responsable de la Administración General del Estado en la isla qué razones motivan estas maniobras.
Asimismo, IxLG defiende que en épocas puntuales de mayor riesgo, como las campañas de prevención y extinción de incendios forestales, los poderes públicos deben apostar por el refuerzo de los equipos forestales y de emergencia establecidos para estas funciones, dotándolos de más medios humanos y materiales, en lugar de recurrir a soluciones de carácter militar que no abordan las causas reales de los problemas ambientales.
El partido progresista gomero recuerda que el pueblo canario ha manifestado históricamente su compromiso con un orden internacional justo basado en la paz, la cooperación y la resolución pacífica de los conflictos, rechazando el uso de la fuerza y el belicismo como herramientas políticas. En este sentido, IxLG subraya como ejemplo el rechazo mayoritario de la ciudadanía canaria a la permanencia del Estado español en la OTAN durante el referéndum consultivo celebrado en 1986.
Desde Iniciativa por La Gomera (IxLG) se insiste en que la protección del patrimonio natural canario debe sustentarse en políticas públicas responsables, civiles y participativas, que refuercen la prevención, la educación ambiental y la gestión sostenible del territorio, y no en la presencia militar en espacios que deben ser preservados para las generaciones presentes y futuras.
