El grupo del PSOE en el Cabildo de La Gomera denuncia “la deficiente gestión de la dependencia en la isla, con un 23% de la población envejecida y aún así, los servicios que se ofrecen no llegan a cubrir la demanda real, aunque el Cabildo haya participado en la elaboración de un convenio con el Gobierno de Canarias que vende como una solución que es en realidad una cronificación de las carencias”.
Los socialistas explican que “el problema de la gestión de la dependencia tiene su origen en dos circunstancias: una, en que el gobierno de la derecha -CC y PP- que tenía Canarias cuando el PSOE puso en marcha esta ley no creía en el nuevo concepto, sino que para ellos la dependencia eran personas mayores en residencias, y es lo que han hecho durante muchos años, no invertir en el catálogo de los nuevos servicios que ofrecía la ley”.
“Y la segunda causa -añaden- es que esas plazas en residencias llevan muchos años sin actualizar los precios. Por tanto, con este convenio que han presentado ante la población gomera como la solución definitiva lo que hacen en realidad es intentar seguir pagando lo que ya hay, con la salvedad de que los precios previstos no van a cubrir el coste real”.
La Gomera, explican, con datos de 2025, tiene una población de 9.574 personas de las cuales 2.202 son potenciales usuarios de la dependencia, “y la isla no está cubriendo correctamente el catálogo de servicios porque sigue habiendo un error de concepto: dependientes son aquellas personas jóvenes que no pueden moverse, o que tienen una enfermedad incapacitante sobrevenida, no solo las personas mayores. Y los servicios no son solo las residencias, sino también los servicios de día, ya que en una isla como la nuestra, muchas familias optan por cuidar a sus mayores en el entorno del hogar”.
Con estas premisas, los socialistas desgranan el nuevo convenio y explican que “no se van a crear nuevas plazas cada año, ya que de las 150 que tienen ahora en el macrocentro de la capital gomera no están cubiertas más que la mitad; el dinero que aportan es para pagar los costes de lo que ya hay, y no dicen que los precios son aproximados, no son reales, porque en la práctica el mantenimiento de la plaza es mayor a lo presupuestado por la doble o triple insularidad, por tanto advertimos de que en un futuro habrá problemas por no calcular el coste real”.
El PSOE celebra que este convenio -“que el Gobierno prácticamente ha impuesto a los cabildos, aunque éstos supieran de antemano el contenido”- haya actualizado algunos aspectos de la gestión de la dependencia, pero entiende que “no actualiza los precios residenciales a la realidad por municipios en la isla”.
Inversión real
El convenio dice que el Cabildo invierte con fondos propios un total de 10 millones entre 2025 y 2028, “pero en realidad lo que hace es mantener la misma financiación fija y ya comprometida de dos millones cada año y aumentar un poco más cada año: de 2025 a 2026 aumentan 370.689 euros; de 2026 a 2027 aumentan 57.124 euros y de 2027 a a 2028 aumentan 66.601,es decir, dos millones y algo fijos cada año para mantener lo que ya hay y un total de inversión de menos de medio millón en total en cuatro años, aunque hagan las cuentas diciendo que son diez en total la realidad es que casi todo el dinero va para mantener lo que ya hay”.
Añaden que “ésta es la realidad, pero no cuentan cuántas plazas nuevas van a crear, cuánto cuesta cada una por municipio ni nos quieren decir cuántos dependientes están esperando por una plaza en la isla o cuántos han muerto esperando, algo que es responsabilidad del Gobierno de Canarias y su negligente gestión del trámite, sin embargo sí salen en artículos de opinión llenándose la boca en la defensa de los mayores pero sin ofrecer un dato real, porque la realidad es otra bien distinta a la realidad publicada”.
Añaden que “nos hemos quejado siempre de que la gestión de la dependencia en Canarias es un desastre y la inversión por dependiente sigue siendo un 31% menor y esto clama al cielo, estamos a la cola en esto”.
Los socialistas explican que “ni qué decir tiene que un dependiente debería esperar un máximo de 180 días para ser atendido, tal y como dice la Ley, pero en Canarias la media es de 456 días, y además, hay un 30,6% de personas que viven en el limbo de la dependencia que a pesar de haber sido reconocido su derecho no tienen ninguna prestación,y estamos hablando de más de 20.000 canarios esperando en esta situación y este tema no se aborda en ese convenio”.
“Ante este panorama a los cabildos no les ha quedado más remedio que firmar este convenio pero con cambios sustanciales como la gestión, en La Gomera el servicio de dependencia lo gestiona una empresa externa que ha tenido dificultades para encontrar personal, y por tanto el servicio no se ofrece como se debería. Este aspecto de la deficiencia de personal no lo tiene en cuenta el Gobierno de Canarias cuando propone este convenio”.
Por último, señalan que “no se crea ninguna plaza de discapacidad o que la teleasistencia ya no será un servicio prestado por el Cabildo gomero sino por el Gobierno de Canarias, y estaremos pendientes al resultado de este cambio”. Tampoco ofrece garantías para poder prestar el servicio de autonomía personal, “que implica fisioterapeutas, enfermeros y personal especializado, porque no encuentran personal cualificado, algo que este convenio tampoco soluciona”.
