El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea Correa, ha valorado de forma positiva que el Gobierno de España haya trasladado finalmente a la Comisión Europea la posibilidad de limitar en Canarias la compra de viviendas destinadas a usos no residenciales, una medida que el representante canario considera “un paso político relevante que demuestra que el Ejecutivo central empieza a escuchar con mayor atención las reivindicaciones que desde Canarias se vienen defendiendo desde hace años”. Para Chinea, la propuesta remitida por el Gobierno español a Bruselas, en el marco de la revisión del tratamiento normativo de las regiones ultraperiféricas, supone “un cambio de posición significativo, porque reconoce que el acceso a la vivienda en Canarias no puede abordarse con recetas generales y exige soluciones excepcionales, ajustadas a la realidad territorial y social del Archipiélago”, señaló.
“El Gobierno de España por fin mueve ficha en Europa y lo hace en la dirección correcta”, señaló el senador de la Agrupación Socialista Gomera, quien recordó que la presión ejercida por la compra de inmuebles por parte de no residentes, especialmente extranjeros comunitarios con residencia estacional en las Islas, es uno de los factores que actualmente más inciden en la escalada de precios y en la expulsión progresiva de la población residente del mercado de la vivienda.
“No estamos ante un fenómeno coyuntural, sino ante un desequilibrio estructural que amenaza la cohesión social, el modelo territorial y el derecho a vivir en Canarias”, añadió Fabián Chinea, quien subrayó que esta iniciativa del Ejecutivo central conecta directamente con las propuestas que él mismo ha defendido de manera reiterada en el Senado durante los últimos meses. De hecho, en abril de 2025, Chinea registró una moción en la Cámara Alta instando al Gobierno de España a estudiar y establecer un marco normativo que limite o condicione la compra de inmuebles por parte de no residentes en Canarias, solicitando expresamente a las instituciones europeas la autorización necesaria al amparo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce la singularidad de las regiones ultraperiféricas.
En esa iniciativa parlamentaria, el senador advertía ya de que más de un tercio de las compraventas de vivienda en Canarias corresponden a compradores extranjeros, un porcentaje que en determinadas zonas turísticas supera ampliamente la mitad del mercado, con efectos directos sobre los precios y sobre la disponibilidad de vivienda para la población local. Ya entonces Chinea reclamó públicamente un impulso político y jurídico decidido para limitar la compra especulativa de inmuebles por extranjeros en Canarias, defendiendo que la condición ultraperiférica del Archipiélago constituye un argumento sólido para articular medidas excepcionales compatibles con el derecho europeo.
Sobre esta misma cuestión, el representante de ASG obtuvo en junio del año pasado el compromiso expreso del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de negociar ante las autoridades de la UE la propuesta procedente de Canarias para limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, una declaración que supuso, por primera vez, el reconocimiento público por parte del Ejecutivo central de la necesidad de buscar un estatus diferenciado para el Archipiélago en materia de vivienda. “A lo largo de estos meses hemos insistido en el Senado en que otros territorios europeos han sabido negociar excepciones al principio de libre circulación de capitales para proteger su interés general”, recordó Chinea. “España no lo hizo en su momento, pero ahora parece que empieza a impulsar este expediente y asume por tanto la responsabilidad de defender en Bruselas una solución que permita garantizar el acceso a la vivienda a quienes viven y trabajan en Canarias”, destacó el senador sobre el anuncio del Ejecutivo central.
El senador consideró especialmente relevante que la propuesta del Gobierno de España “no se centre en la nacionalidad del comprador, sino en el uso residencial efectivo de los inmuebles”, un enfoque que, a su juicio, refuerza la función social de la vivienda y evita debates estériles, situando la discusión en términos de derechos, equilibrio territorial y sostenibilidad social. Chinea concluyó señalando que la iniciativa trasladada ahora a la Comisión Europea debe ser el inicio de una estrategia negociadora con método, calendario y objetivos claros, en coordinación con las instituciones canarias. “Canarias necesita respuestas, no declaraciones. Que el Gobierno central asuma por fin esta reivindicación en el ámbito europeo es una buena noticia; ahora toca convertirla en una medida eficaz que ayude de verdad a frenar la emergencia habitacional que sufren las Islas”, concluyó.