El año 2026 se inicia en Canarias con una realidad incuestionable: disponemos de unos presupuestos autonómicos recientemente aprobados, que alcanzan una cifra no financiera de 12.491 millones de euros. Se trata, sin duda, de unos presupuestos con una dimensión económica razonable, pero claramente insuficientes si se analizan en profundidad los retos y desafíos que tiene por delante nuestra Comunidad Autónoma.
Pero más allá de la fotografía presupuestaria, es imprescindible hablar de los grandes retos que afronta Canarias en este año. Retos que se proyectan en tres ámbitos fundamentales: el internacional, el nacional y el propio ámbito interno de la comunidad autónoma. Todo ello, además, en un contexto marcado por la incertidumbre global, los conflictos geopolíticos y una evidente falta de mayorías parlamentarias y diálogo en el Estado.
Uno de los desafíos más urgentes es la reforma del sistema de financiación autonómica. Un sistema obsoleto, que lleva casi catorce años sin actualizarse, y que no responde a la realidad demográfica actual de Canarias. Nuestra comunidad supera ya los 2,2 millones de habitantes y continúa creciendo, lo que exige más recursos para atender adecuadamente la sanidad, la educación y las políticas sociales. No podemos seguir dependiendo de transferencias extraordinarias, como las recibidas en 2025, sin una base estructural sólida y justa.
A todo esto se suman la inestabilidad política y la falta de mayorías parlamentarias que han impedido la aprobación continuada de los presupuestos generales del Estado, y todo apunta a que esa situación no cambiará a corto plazo. Pero si no hay nuevos presupuestos, al menos debe haber voluntad política para actualizar el sistema de financiación autonómica, adecuándolo a la población ajustada y a las necesidades específicas de Canarias. Para nuestra comunidad, este sistema es extraordinariamente necesario.
A este debate se suma otro aspecto crucial que sigue generando confusión: la diferencia entre el sistema de financiación autonómica y el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Son realidades distintas y no deben mezclarse. El sistema de financiación sirve para garantizar los servicios esenciales; el REF, en cambio, responde a las singularidades y déficits estructurales de un territorio alejado, fragmentado y altamente dependiente del exterior. No es un privilegio, sino una herramienta de compensación histórica y necesaria.
Bonificaciones como el 75% al transporte de residentes o las ayudas al transporte de mercancías no son concesiones graciables, sino mecanismos imprescindibles para garantizar la igualdad de oportunidades. Cualquier intento de diluir o confundir el REF, incluso en debates como la condonación de deuda, supone una grave debilidad para Canarias.
En este contexto cobra especial importancia la denominada agenda canaria y su posible articulación a través de un Real Decreto Ley. Una vía que, dadas las actuales circunstancias parlamentarias, podría permitir avanzar en soluciones concretas para Canarias sin depender de mayorías inalcanzables. Eso sí, siempre que su contenido responda exclusivamente a las necesidades del Archipiélago y no se utilice como moneda de cambio política.
Dentro de esa agenda resulta imprescindible abordar la situación de las Islas Verdes: La Palma, La Gomera y El Hierro. Territorios con graves dificultades estructurales derivadas de su reducida dimensión demográfica, la doble y triple insularidad y los elevados sobrecostes para desarrollar actividad económica. Sin una fiscalidad específica, estas islas seguirán siempre a remolque de decisiones generales que no atienden su realidad.
La aplicación de una bonificación fiscal similar a la existente en La Palma tras la erupción volcánica —como la del 60% del IRPF estatal— para La Gomera y El Hierro es una medida razonable, asumible y necesaria. Estamos hablando de poblaciones pequeñas, de poco más de 22.500 habitantes en La Gomera y 11.000 en El Hierro, para las que una política fiscal diferenciada puede marcar la diferencia entre el estancamiento y la supervivencia económica, o bien un REF que se adapte a nuestras necesidades.
2026 no puede ser un año de espera ni de resignación. Canarias necesita decisiones claras, valentía política y respeto a sus singularidades. Presupuestos adecuados, un sistema de financiación justo, un REF plenamente dimensionado, una agenda canaria que responda a la realidad del Archipiélago, y que la Comisión Europea y España sigan viendo a Canarias como una Región Ultraperiférica, con un nuevo marco de financiación actualizado y moderno, que sea negociado directamente con las Islas. Estas no son reivindicaciones excesivas: son condiciones mínimas para garantizar el futuro de nuestra tierra y la calidad de vida de quienes la habitan.
