El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación presupuestaria que permitirá afrontar el pago de 1,4 millones de euros en diferentes subvenciones para cubrir gastos de seguridad en zonas de baño en el litoral en un total de 20 municipios de menos de 20.000 habitantes. Este expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, da respuesta a uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Canarias, mientras continúa la negociación para consensuar un nuevo marco de coordinación de la normativa de seguridad en las zonas de baño del Archipiélago.
Los municipios que serán beneficiarios de estas subvenciones son veinte. De ellos, Agaete y Moya están ubicados en Gran Canaria; El Rosario, San Juan de la Rambla, Los Silos, Garachico y Buenavista, en Tenerife; San Andrés, Breña Baja, Tazacorte, Breña Alta, Barlovento y Puntallana, en La Palma; San Sebastián, Valle Gran Rey y Alajeró, en La Gomera; Valverde y El Pinar, en El Hierro; y Yaiza y San Bartolomé, en Lanzarote.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que desde finales de 2023 este departamento trabaja con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en un texto que sustituya al decreto de 2018 sobre normas de seguridad en zonas de baño, que fue anulado por la justicia cinco años después. Con esta subvención, el Ejecutivo pretende compensar parte de los gastos ocasionados por la puesta en práctica de dicho decreto en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
El objetivo de esta negociación con la Fecam es consensuar un nuevo marco jurídico que permita “homogeneizar las condiciones de seguridad en las zonas de baño del Archipiélago, con total seguridad jurídica”, según ha explicado Miranda. En el diálogo participan también colectivos de socorristas, la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa y otros agentes sociales relacionados con la seguridad en el litoral.
El resultado de este diálogo se verá también reflejado en la futura Ley del Sistema Canario de Protección Civil, para cuya redacción este departamento autonómico ha terminado una primera fase de diálogo, en la que han participado más de 200 expertos y profesionales en la materia.