La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha reclamado este jueves, en la comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias, una planificación específica, con enfoque insular, que garantice una orientación y transición educativa real y equitativa del alumnado con discapacidad en las islas no capitalinas, evitando que el lugar de residencia condicione su futuro educativo y vital.
Durante la comparecencia del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Melodie Mendoza situó la orientación educativa como una pieza estructural del sistema inclusivo y no como un recurso accesorio. “La orientación y la transición educativa no son un trámite administrativo: son decisiones que marcan trayectorias de vida, especialmente cuando hablamos de alumnado con discapacidad”, afirmó.
La parlamentaria de ASG reconoció los avances impulsados por la Consejería en los últimos años, como el refuerzo de recursos de atención a la diversidad y el desarrollo de nuevos itinerarios formativos, pero advirtió de que su impacto no es homogéneo en todo el territorio. “Cuando analizamos la realidad de las islas no capitalinas, comprobamos que el código postal sigue pesando más de lo que debería”, señaló.
Melodie Mendoza explicó que la orientación educativa es “el hilo que conecta las distintas etapas, acompaña a las familias y da sentido a las decisiones que se toman en momentos clave”, y alertó de que ese hilo “es más frágil en las islas no capitalinas”, donde la menor disponibilidad de profesionales especializados, la dependencia de equipos itinerantes y la oferta formativa limitada dificultan las transiciones entre etapas.
En este contexto, valoró positivamente iniciativas como la Formación Profesional Adaptada o el proyecto NEAE+21, dirigidas a prolongar la continuidad formativa más allá de la educación obligatoria, pero pidió una evaluación desde la perspectiva territorial. “Cuando estos programas se concentran en las islas capitalinas, muchas familias se ven obligadas a elegir entre el desarraigo, los desplazamientos constantes o la renuncia. Y eso no es inclusión”, advirtió.
Asimismo, insistió en la necesidad de mejorar la coordinación entre el sistema educativo, el reconocimiento del grado de discapacidad, los servicios sociales y las políticas de empleo, especialmente en los tramos finales de la escolarización. “Cuando esa coordinación falla o se retrasa, el perjuicio no es abstracto: tiene nombre, rostro y consecuencias muy concretas para jóvenes y familias”, aseguró.
Por ello, solicitó al consejero información detallada sobre la planificación específica prevista para las islas no capitalinas, las medidas para garantizar transiciones continuas y acompañadas, la extensión territorial de los programas de continuidad formativa y los mecanismos de coordinación interadministrativa.
Melodie Mendoza finalizó apelando a una inclusión verificable en la práctica cotidiana del sistema educativo. “La inclusión real se mide en los momentos de cambio: cuando se pasa de Primaria a Secundaria, cuando termina la ESO o cuando se cumplen los 21 años y el sistema parece cerrarse. Ahí es donde una administración demuestra si acompaña o si deja caer”.
