El Cabildo de La Gomera ha expresado este lunes su respaldo a la proposición de Ley de Accesibilidad Universal de Canarias, durante la sesión de la Comisión General de Cabildos Insulares celebrada en el Parlamento autonómico. La vicepresidenta tercera y consejera de Servicios Sociales, Educación, Cultura y Deportes, Rosa Elena García, que intervino en representación del presidente de la Corporación insular, Casimiro Curbelo, destacó que se trata de una norma “necesaria, ambiciosa y alineada con la realidad social y demográfica del Archipiélago”, destinada a garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades para miles de personas con discapacidad y movilidad reducida.
García recordó que el marco vigente data de 1995 y que “durante demasiado tiempo no ha respondido a las necesidades de quienes siguen encontrando barreras en su vida diaria”. En este sentido, señaló que la nueva ley incorpora un concepto integral de accesibilidad que abarca dimensiones cognitivas, sensoriales, comunicativas y tecnológicas, en coherencia con la Convención de Naciones Unidas y la normativa estatal.
“La accesibilidad no es solo eliminar barreras físicas, sino garantizar que cualquier persona pueda desenvolverse con autonomía y dignidad en entornos naturales, urbanos, culturales y educativos”, afirmó. Asimismo, valoró que el texto legislativo reconozca expresamente el valor de la insularidad y las particularidades de cada isla, lo que adquiere especial relevancia en territorios como La Gomera, donde la orografía y la dispersión poblacional “hacen aún más necesaria la accesibilidad en el transporte, los espacios naturales y la edificación”.
La consejera destacó la importancia del papel que la ley atribuye a los cabildos insulares. “Somos las administraciones más cercanas al territorio y con competencias que afectan directamente a la movilidad. Asumimos esta responsabilidad con compromiso, pero también con realismo”, señaló. En este sentido, insistió en que la aprobación de la ley debe ir acompañada de financiación suficiente, mecanismos estables de cooperación interadministrativa y un sistema de seguimiento efectivo que garantice la ejecución real de los planes previstos.
“No podemos permitirnos repetir errores del pasado, caracterizados por un desarrollo reglamentario insuficiente, escasa coordinación y ausencia de control efectivo. Las personas más vulnerables pagaron las consecuencias”, lamentó. Añadió que la comunidad autónoma debe armonizar criterios para facilitar que los cabildos actúen con agilidad ante situaciones de inacción municipal o necesidades urgentes. “La verdadera medida del éxito de esta ley será su capacidad de transformar el territorio”.
García agradeció el trabajo desarrollado en la propuesta legislativa y recordó que la valoración se realiza coincidiendo con la conmemoración, el próximo 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. “Sería muy significativo que esta ley represente un verdadero cambio para ellos”, aseveró.