El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo y a una multa de 7.200 euros (20 euros diarios durante 12 meses) por el delito de revelación de secretos. La sentencia, todavía pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma, según avanza la web de la Cadena SER.
La resolución, cuyo fallo ha tardado tan solo una semana en emitirse -algo insólito en el Supremo, incorporará dos votos particulares emitidos por las magistradas de la Sala II Ana María Ferrer García y Susana Polo García que disienten de la misma, lo que determina un cambio en la ponencia que la asume el presidente de la Sala Andrés Martínez Arrieta.
Dos semanas de juicio
El juicio al fiscal general del Estado duró dos semanas en el Tribunal Supremo. El pasado jueves llegaba a su fin con las conclusiones del tribunal sobre la revelación de secretos, ya con condena, con motivo de la filtración del correo del letrado de Alberto González Amador al Ministerio Público. De ellas, habiéndose escuchado todas las partes -tanto las acusaciones populares del novio de Isabel Díaz Ayuso como el ICAM, hasta la defensa de parte de la Abogacía del Estado-, la última fase recayó en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien no hizo uso de su derecho a la última palabra, lo que declinó en que el juicio fuera declarado visto para sentencia.
La sede del Alto Tribunal fue escenario esos días de un desfile de personalidades conocidas del ámbito judicial, político y mediático: desde el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez; pasando por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y periodistas de distintos medios, hasta figuras políticas como el exlíder del PSOE-M, Juan Lobato.
Ahora, tan solo 7 días después, los magistrados han llegado a un acuerdo por el que cinco de ellos han condenado a García Ortiz, mientras que otras dos magistradas emitirá un voto particular, ya que creen que el fiscal general debería haber sido absuelto.
