Izquierda Unida Canaria (IUC) ha mostrado su rechazo a la inclusión en el llamado decreto de la agencia canaria de una rebaja generalizada del 60% en el IRPF para las llamadas Islas Verdes —La Palma, La Gomera y El Hierro—, una medida impulsada por Fernando Clavijo y Casimiro Curbelo. La organización considera que esta propuesta carece de fundamento social, económico y jurídico, y que su aplicación supondría una ruptura con el principio de justicia fiscal en el Archipiélago.
El Coordinador Nacional de IUC, Saúl Alberola, ha sido tajante: “No apoyaremos una farsa fiscal que beneficia a unos pocos mientras la mayoría social canaria sigue sufriendo la precariedad, el desempleo y la falta de vivienda. Si el Gobierno de Canarias quiere aplicar medidas redistributivas, que lo haga atendiendo a los niveles de renta y no al código postal”.
La formación recuerda que la fiscalidad diferenciada por territorio no tiene sentido en un Estado social y de derecho y que las medidas fiscales excepcionales deben responder a circunstancias concretas de emergencia —como fue el caso del volcán de La Palma—, pero nunca convertirse en privilegios permanentes sin base económica. “El IRPF nació como un instrumento de equidad, no como una herramienta de propaganda política ni de compensación territorial arbitraria”, añadió Alberola.
IUC considera que esta propuesta no solo rompe con la progresividad del sistema tributario, sino que, además, consolida un modelo de desigualdad que perjudica a las clases trabajadoras. El ejemplo de La Palma —donde la deducción del 60% lleva años en vigor— es, según la formación, la mejor prueba del fracaso de este tipo de políticas.
Según datos aportados por la propia Agencia Tributaria, el 75% de los beneficios fiscales generados por la deducción del IRPF en La Palma se concentró en menos del 10% de la población, mientras que los trabajadores con sueldos bajos apenas obtuvieron 150 euros anuales. En cambio, las rentas más altas llegaron a recibir más de 200.000 euros. “Es un modelo que amplía las brechas sociales, no que las corrige. Se vende como una ayuda al pueblo palmero, pero en realidad refuerza los privilegios de quienes más tienen”, subrayó Alberola.
Para la formación, el Gobierno de CC y PP con el apoyo de ASG intenta camuflar bajo el nombre de “Agenda Canaria” un decreto lleno de concesiones al poder económico y fiscal, en lugar de abordar los verdaderos problemas de la ciudadanía. “Apoyaremos cualquier decreto que recoja la verdadera agenda del pueblo canario: vivienda, empleo digno, servicios públicos, transición ecológica y justicia social. Pero no uno que reparta ventajas fiscales a costa de aumentar las desigualdades”, aclaró el coordinador.
En esta línea, IUC trasladará al grupo parlamentario de Sumar en el Congreso su rechazo a esta medida y promoverá que la posición de la izquierda confederal sea firme frente a la presión del Gobierno de Canarias. “La respuesta no puede ser un nuevo privilegio fiscal insular, sino una política integral para equilibrar el territorio con inversión pública, servicios y oportunidades reales”, señaló Alberola.
IUC defiende una reforma fiscal canaria progresiva y solidaria, que grave a las grandes fortunas, a las rentas del capital y a las actividades especulativas, mientras se alivie la carga sobre los salarios más bajos. En lugar de bonificaciones regresivas, propone deducciones fijas para rentas medias y bajas, así como una redistribución efectiva del REF para impulsar la cohesión social y territorial.
“Canarias necesita un modelo fiscal que sostenga al pueblo trabajador, no a los despachos empresariales”, insistió Alberola. “Nuestro apoyo estará con la gente que sufre el encarecimiento de la vida, no con quienes buscan nuevos privilegios bajo el disfraz de la insularidad”.
