El Juzgado de lo Social nº 5 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado sentencia, con fecha 22 de septiembre de 2025, reconociendo el derecho de una trabajadora y representante sindical del STAP al cobro del plus de permanencia por 25 años de servicio municipal, previamente negado arbitrariamente y sin base jurídica.
El fallo declara acreditada la relación laboral y ordena al Ayuntamiento el abono total de las cantidades adeudadas, junto con los intereses legales que correspondan conforme a la ley. Asimismo, la sentencia rechaza los argumentos del Ayuntamiento, tanto los expresados previamente como los alegados ante el juzgado, de que el vínculo laboral hubiera cambiado, sin sustento jurídico ni respaldo en la realidad del trabajo desempeñado. El tribunal reconoce la plena vigencia de los derechos derivados de ese vínculo y reafirma la obligación del Ayuntamiento de cumplir los compromisos adquiridos con su personal.
«No es la primera vez que el personal municipal se ve obligado a acudir a la vía judicial para reclamar derechos ya reconocidos. Esta reiteración evidencia prácticas administrativas que trasladan los conflictos a los tribunales, generando desgaste y desconfianza entre el personal y la gestión municipal», señala el Sindicato de Trabajadores Canarios y de sus Administraciones Públicas (STAP) en una nota de prensa remitida a Gomeranoticias.com.
El STAP advierte que «la persistencia de estos conflictos refleja desigualdades en la gestión de personal, especialmente en categorías laborales más bajas, donde se compromete la equidad y el reconocimiento del esfuerzo sostenido durante años de servicio público».
El sindicato confía en que resoluciones como esta contribuyan a consolidar el principio de igualdad en el empleo público, refuercen la protección del crédito laboral y sienten precedente frente a intentos de desconocer derechos consolidados.
El STAP reafirma su compromiso de acompañar y defender a los trabajadores y trabajadoras del sector público ante cualquier vulneración de sus derechos laborales, promoviendo una administración más justa, transparente y respetuosa del marco legal vigente.
