La no ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género no es una mera cuestión administrativa, supone cerrar de un portazo una ventana vital de oportunidades para transformar la realidad social y la de las personas que participan en los distintos proyectos que se desarrollan bajo este Pacto. Son cientos de mujeres, hombres, adolescentes que dependen de programas que venían funcionando en años anteriores y que este año 2025 no se van a poner en marcha por la incapacidad de gestión del Gobierno de CC-PP. En Canarias, con la alta prevalencia de la violencia machista, la parálisis de estos fondos no es un simple retraso burocrático, es una grave irresponsabilidad política con graves consecuencias para las tan necesarias política de atención, prevención y sensibilización frente a la violencia de género.
Desde agosto, las profesionales que trabajan en igualdad vienen avisando de la parálisis. Fueron llamadas a presentar propuestas según criterios cambiantes: proyectos bianuales, luego anuales, y finalmente la imposibilidad práctica de ejecutar intervenciones en apenas dos meses. El resultado: renuncias (por responsabilidad profesional, no se puede hacer en dos meses intervenciones que requieren de todo un año de trabajo), proyectos que no salen adelante y debilitamiento y abandono de las políticas de prevención y sensibilización. Estamos hablando de intervenciones sociales que requieren de tiempo y confianza; de programas de intervención social y comunitaria, de programas de investigación que sirven de apoyo y orientan las políticas públicas o de recursos especializados para víctimas de trata y prostitución o violencia machista. En 2025, Canarias corre el riesgo de anotar un año perdido en la lucha contra la violencia machista. Y todo lo que no sea avanzar supone un grave retroceso.
Canarias va a recibir este año 2025 10,4 millones de euros del Pacto, un millón más que en 2024, reflejo del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer efectivo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero los recursos económicos sin ejecución no sirven de nada.
La Sra. Delgado, después de más de dos años al frente de la consejería dice que tiene que mandar los proyectos al Ministerio para verificar su adecuación al Pacto. La pregunta es, entonces ¿qué han hecho estos dos años? ¿no verificaban?¿no sabían si los proyectos cumplían o no?. A esta altura no puede alegarse desconocimiento. A esto hay que sumar la falta de trabajo y diálogo con las profesionales de igualdad que son las mejores aliadas en estas políticas. No se trata solo de un error político: es una decisión que menosprecia su conocimiento y experiencia y que empobrece las políticas de igualdad al desaprovechar el talento y la capacidad de innovación social que tenemos en Canarias.
Que proyectos premiados por el Laboratorio de Innovación Social de la ULL integrados en el Programa Aliadas no tengan continuidad por falta de gestión es un lujo que no nos podemos permitir. O el proyecto Por-No-Hablar, reconocido por el Consejo General de Trabajo Social, es otro ejemplo de iniciativas innovadoras que ahora se paralizan. ¿Cómo es posible que programas con aval y resultados demostrados queden en papel mojado por incapacidad de gestión política?
Lo que ha ocurrido este año no puede volver a pasar. Exigimos transparencia en la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, conocer qué actuaciones se desarrollan cada año, el nivel de ejecución, el impacto de los proyectos y sus resultados. Información que debería ser pública y presentarse en el Parlamento de Canarias.
La señora Delgado tiene que responder y explicar con urgencia qué medidas concretas va a adoptar para ejecutar los fondos antes de que concluya el año, y qué medidas va a adoptar para garantizar que en 2026 los proyectos puedan estar desarrollándose desde principios del año.
A 30 de junio el nivel de ejecución del Instituto Canario de Igualdad era del 16%. Una pésima ejecución. A esto se añade un Gobierno de CC-PP que lleva dos años recortando el presupuesto del Instituto Canario de Igualdad. Si en 2023, el Pacto de las Flores destinó 14,9 millones de euros, en 2025 el presupuesto aprobado fue de 13,7 millones. Por su parte, el Gobierno de España destinó a Canarias este año 17,3 millones de euros, entre el Pacto de Estado y el Plan Corresponsables. La realidad es que el Gobierno de Pedro Sánchez destina más recursos a Canarias de los que presupuesta el Gobierno de Canarias.
No hablamos solo de números. Hablamos de que la falta de ejecución de los fondos del Pacto se va a traducir en menos programas en centros educativos, menos formación para profesionales en sanidad, justicia o educación, menos recursos para atender a las víctimas de las distintas manifestaciones de la violencia machista. Para el Gobierno de CC-PP las políticas de igualdad no son una prioridad.
Si este Gobierno de CC-PP y la señora Delgado no garantizan la ejecución de estos fondos, 2025 pasará a la historia de la agenda de la igualdad y la lucha contra la violencia machista como un año perdido por su negligente gestión política.
(*) Elena Máñez es vicesecretaria portavoz del PSOE Canarias y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias.
