El ejercicio de verbalizar y recordar tiene mucho de sanador. La memoria de las víctimas de la represión franquista es un ejemplo de este proceso curativo que vive una sociedad, aunque en nuestro caso muchas veces haya llegado tarde y sin el resultado esperado. Este 29 de octubre se cumplen 50 años del asesinato militante de izquierdas y sindicalista lagunero, Antonio González Ramos, que perdió la vida tras una brutal tortura por parte de policía de la dictadura, en especial del tristemente famoso Comisario Matute.
En 2015, con motivo del cuarenta aniversario, la Casa de los Capitanes albergó un acto de memoria emotivo y cargado de significado. El veterano periodista y compañero de lucha de Antonio, Julián Ayala, recordó el rastro de horror que dejaron los años finales del franquismo, que dejó su huella también en la Transición. Entre 1975 y 1977 la represión dejó cuatro muertos a manos de las llamadas fuerzas del orden en Tenerife. El cabuquero Antonio Padilla Corona, tiroteado por la guardia civil en Adeje, Antonio González Ramos, torturado hasta la muerte en los sótanos del Gobierno Civil de Santa Cruz. En septiembre de 1976 fue el turno del estudiante de magisterio, Bartolomé García Lorenzo, y el 12 de diciembre de 1977, en las escaleras del antiguo edificio universitario de La Laguna, el estudiante de Biología, Javier Fernández Quesada.
Es justo y necesario volver a reconocer la figura de este lagunero que perdió su vida por las manos de las fuerzas de seguridad de una dictadura que siguió matando, incluso con el dictador muerto. Antonio González Ramos había nacido en Tenerife en 1936, en una tierra que se estremeció ante un golpe militar que quebró esa etapa democrática, viviendo hasta el final de sus días bajo ese clima político cerrado y cruel. Como la de tantos otros canarios, su vida quedó marcada por le emigración, aunque siguiendo una ruta menos frecuente que la de la mayoría. Antonio acabó trabajando en Alemania, donde recaló en 1965. Como muchos otros, en ese espacio, con mayor libertad política y social, descubrió las luchas sindicales y con ella la política. En esos años células del Partido Comunista de España se expandían por las industrias de una sociedad europea a la que miles de trabajadores recalaban en busca de una vida mejor. En esa etapa participó en la política y empezó una etapa de creciente implicación, con la que llegó a su vuelta a Tenerife en 1971.
Viejos compañeros de militancia recordaban hace unos años una anécdota que el propio Antonio comentó, “contó un día su despedida de los camaradas alemanes: – Vuelvo a España. ¿Cómo encontraré el Partido? – Búscalo en el pueblo”. Antonio cumplió, sabiendo el riesgo que corría.
En los últimos años del franquismo la sociedad canaria vivió una etapa de creciente conflictividad social y política. Muchos, en especial los más jóvenes, querían un cambio político que implicaba libertades perdidas desde hacía décadas. Antonio siguió trabajando en el sector industrial, en especial en la empresa tabaquera PhiIips Morris. En esta fábrica ayudó a implantar clandestinamente a Comisiones Obreras, donde compartió tareas con otros históricos sindicalistas como Herminio Montesinos, conocido como “Chicho” o Luis Molina. Junto a Montesinos había entrado en contacto con la Oposición de Izquierdas del PCE, la OPl, donde se integraron, espacio que sería la matriz del Partido de Unificación Comunista de Canarias.
Lo recuerdan como un hombre modesto, que no quiso tomar mucho protagonismo, aunque no dejó de implicarse en la mejorar de la sociedad y la lucha por el fin de la dictadura. También trabajó en el movimiento vecinal, en El Ortigal, donde vivía en el Camino Guillén. En esa etapa política el movimiento vecinal empezaba a tomar cada vez mayor fuerza en demanda de servicios básicos, que hoy podemos disfrutar, Antonio fue uno más en este proceso.
La lucha de los trabajadores y trabajadoras de la fábrica de tabacos había tomado un importante nivel en 1974. Obreros ligados a los sindicatos clandestinos tenían una labor cada vez más intensa y la demanda de mejoras laborales tenía cada día mayor relevancia a pesar de la dura represión. En ese año varios de los que consideraron líderes de las protestas fueron detenidos, uno de ellos Antonio González.
Reincorporado de nuevo a su actividad laboral en otra empresa, fue detenido el 29 de octubre de 1975 por miembros de la Brigada de Investigación Social franquista. A las tres horas de su detención murió en las dependencias policiales situadas en el Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de las torturas a las que fue sometido.
En casa de un amigo suyo había sido encontrada una maleta con panfletos y documentos del PUCC, que había llevado Antonio para que le guardaran y, en otro lugar, unos cartuchos de dinamita que el amigo, trabajador ocasional de la construcción, tenía para emplear en la pesca clandestina. Paralelamente fueron detenidas unas cuantas personas, entre las que se encontraba el letrado Alfredo Horas Casanova, el principal abogado del despacho laboralista que había defendido a los trabajadores de la Philip Morris y, por tanto, al propio Antonio González Ramos. Estuvieron encerrados en las dependencias policiales durante diez días, como testificaron posteriormente: “sin hablar con nosotros, en la celda, ni nos interrogaron. Nos detuvieron para que no montáramos nada a raíz de la muerte de Antonio”.
La Delegación Especial de la Dirección General de Seguridad, conforme al Gobernador Civil de la Provincia, lanzó una nota al día siguiente: “En la noche de ayer, en un eficaz servicio realizado conjuntamente por funcionarios del Cuerpo General de Policía y Fuerzas de la Guardia Civil de Tráfico fue descubierto en la ciudad de Tacoronte un depósito de propaganda subversiva de la Organización clandestina del Partido Comunista español, documentos y archivo, perteneciente al mismo y cartuchos de dinamita plastificada en el domicilio de Andrés Díaz Armas, ubicado en La Montañeta (Agua García) el cual fue detenido. Por otras gestiones se logró averiguar que Antonio González Ramos, de 39 años, domiciliado en Camino Guillén (El Ortigal), estaba involucrado de forma destacada en dichas actividades terroristas”. Además, justificaban su muerte diciendo que “se arrojó del vehículo que lo transportaba para las prácticas de estas gestiones, y a pesar de los auxilios preventivos y médicos que se le prestaron falleció al poco de su acción suicida”. La memoria de esas horas sigue imborrable en el recuerdo de sus hijos, en especial de los más mayores, que aún se estremecen con el operativo desplegado y el nivel de violencia que sufrieron los familiares y vecinos de Antonio.
Frente a las falsedades ofrecidas a la prensa por las autoridades franquistas, se logró saber la verdad. José Matute Fernández, presidente de la federación tinerfeña de yudo e inspector de la «brigada político-social», había sido el comisario-jefe que, en esa noche procedió con una serie terrible de golpes alargada durante varias horas, hasta acabar con la vida de ese obrero tinerfeño. Sobre Matute también recayó una condena de cinco meses de arresto, seis años de destierro de la provincia y el pago de 75.000 pesetas por un delito cometido el 20 de septiembre de 1975, cuarenta días antes del asesinato de Antonio, cuando “lesionó y coaccionó”, según la sentencia de la Audiencia Provincial, durante un interrogatorio al estudiante Julio Trujillo Ascanio, de 21 años, que era primo de mi padre. El proceso fue similar, en los bajos del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife Matute lo golpeó y torturó. Según el relato que dejó Antonio Ojeda para Cambio 16, esa noche en los sótanos del Gobierno Civil se escuchaba, “me llamo Antonio González y soy comunista, repetía y repetía en el suelo mientras el inspector Matute saltaba con sus rodillas sobre la caja torácica y la boca del estómago…”, de esta forma acabó con su vida, dejando viuda y cuatro hijos, además de muchos compañeros marcados por este suceso.
Las evidencias, a pesar del silencio que el régimen quería aplicar, fueron tan importantes que forzaron a que la Audiencia de Tenerife tomara medidas, dictándose el 2 de diciembre de 1975 sentencia contra Matute y otros implicados, por delitos de coacción y homicidio. Un año más tarde, el asesino fue procesado y, poco después, sin siquiera celebrarse el juicio, amnistiado por la ley de 1977. Ya en la democracia siguió ejerciendo como policía. Para más escarnio, uno de sus últimos destinos en la Dirección General de Seguridad fue en el departamento encargado de velar por los derechos de los detenidos, muriendo sin que pagara adecuadamente por su conducta criminal.
El Ayuntamiento de La Laguna, una vez retomada la democracia, tomó un acuerdo ligado a la memoria y la dignificación de esta víctima, una decisión no exenta de polémica a la vista de la abstención recibida de los ediles de UCD. En una fecha tan temprana como la del 28 de noviembre de 1979, el pleno aprobó una moción promovida por el concejal de la UPC, Carlos M. Muñoz León, para dedicarle una calle a Antonio González, “en señal de homenaje y reconocimiento, en su memoria”, indicando además que los demócratas de Canarias tenían “una deuda imborrable”. Esa calle está hoy presente, muy cerca del Cementerio de San Juan y del Polígono del Padre Anchieta, espacio que, como se nos comunicó hoy, será el lugar elegido para rendir, el próximo 4 de noviembre a la una y media, el homenaje previsto por el acuerdo plenario que logramos hace unos meses. En un tiempo donde algunos tratan de justificar y dulcificar la dictadura, donde incluso muchos jóvenes son manipulados por los relatos que quieren recuperar la momia del franquismo, encender el recuerdo de los que perdieron la vida por la libertad es más que una obligación.
Rubens Ascanio Gómez, concejal de Unidas se puede y licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna
