El Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, y en particular la consejera de Bienestar Social, la señora Candelaria Delgado, presume de haber mejorado los plazos, procedimientos y cuantías de las subvenciones dirigidas al Tercer Sector. Sin embargo, la realidad que viven las organizaciones sociales en Canarias desmiente este relato. Con los datos oficiales de las convocatorias se constatan los retrasos en la gestión de las subvenciones unido al testimonio de quienes trabajan en ONG directamente con las personas en situación de vulnerabilidad dibujan un panorama muy distinto: menos fondos, más incertidumbre y una gestión que pone en riesgo la continuidad de los servicios que prestan.
Resolver las convocatorias de subvenciones en el último trimestre del año deja poco margen para planificar, contratar y ejecutar los proyectos. Este calendario no solo es técnicamente ineficiente, sino profundamente irresponsable y asfixia a las entidades. Las entidades del Tercer Sector –que actúan donde muchas veces la administración no llega– no pueden sostener la precariedad estructural que genera la mala gestión de la señora Delgado. La consejera insiste en que “ha mejorado los plazos”, pero la evidencia demuestra lo contrario.
Tampoco es cierta la supuesta mejora en las cuantías. En 2023, el Pacto de las Flores destinó 12,2 millones de euros al Tercer Sector. En 2025, el actual Gobierno de CC-PP prevé apenas 10,3 millones. Las subvenciones de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración bajan de 7,7 millones a 6,8, y las de Mayores y Participación Activa, de 4,4 a 3,5 millones. El discurso de incremento no se sostiene, es una auténtica fake new.
Paradójicamente, el único aumento corresponde a la convocatoria del IRPF, que pasó de 15,5 millones en 2023 a 18,2 en 2024. Pero ese incremento proviene de la solidaridad ciudadana y no del esfuerzo presupuestario del Gobierno de CC-PP. Atribuirse ese mérito es, sencillamente, una mentira más de este Gobierno. De hecho, mientras los fondos transferidos por el Estado aumentan, el Ejecutivo autonómico recorta en sus propias convocatorias.
En el caso del Instituto Canario de Igualdad la resolución definitiva se publicó a finales de septiembre y los proyectos tienen que finalizar el 15 de noviembre. ¿Qué impacto puede tener un proyecto de tres meses? Un apoyo además insuficiente, que se reduce solo a 5 entidades para el mantenimiento de las asociaciones y a 9 proyectos para impulsar la igualdad y la participación social de las mujeres. Una convocatoria que, en 2023, con el Pacto de las Flores, estaba dotada con 250.00 euros y en 2025 con 230.000. Si en vez de seguir incrementando en cada presupuesto la dotación, lo que hace este Gobierno de CC-PP es recortar, poco vamos a avanzar. Este es todo el apoyo de este Gobierno de CC-PP al movimiento asociativo, al feminismo y a la igualdad en Canarias. Unido a su incapacidad para gestionar los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, los recortes sucesivos en los presupuestos del ICI, deja muy a las claras que para este Gobierno ni las mujeres ni la igualdad son una prioridad.
El impacto sobre las organizaciones es devastador. Sin seguridad financiera, muchas ONG se ven obligadas a pedir préstamos para no cerrar proyectos. Si luego no resultan beneficiarias, los déficits pueden comprometer su supervivencia. La incertidumbre permanente genera estrés en el personal, dificultad para retener talento y, en última instancia, afecta directamente a las personas atendidas: personas mayores, migrantes, personas menores de edad, mujeres en situación de vulnerabilidad, familias sin recursos o personas sin hogar.
A esto se suma una digitalización mal acompañada. El nuevo aplicativo telemático puede ser un avance técnico, pero un manual de 34 páginas y una herramienta compleja no favorecen la accesibilidad si no se acompaña con formación y apoyo. La tecnología sin acompañamiento puede convertirse en una nueva traba burocrática.
Esta gestión, lejos de fortalecer el Tercer Sector, lo sitúa en el límite. No es un problema coyuntural, sino estructural: convocatorias publicadas tarde, resoluciones que llegan a final del año, ausencia de bases indefinidas y falta de previsión. La propia consejería reconoció haber dejado sin atender más de 250 proyectos en 2024 en la convocatoria mayores y participación activa, y ahora financia apenas la mitad.
La consecuencia es clara: Las entidades que sostienen el tejido social y comunitario de Canarias lo hacen cada vez con menos apoyo público y mayor desgaste. Mientras el Gobierno de CC-PP se dedica a vender una imagen de eficiencia que no es real, las organizaciones hacen un esfuerzo titánico con escasos apoyos para que nadie quede atrás.
El Tercer Sector no necesita discursos, sino certezas. La justicia social no se construye con notas de prensa, sino con presupuestos estables, convocatorias planificadas y una gestión responsable. Si el Gobierno de CC-PP no asume que la inclusión, la igualdad y los derechos sociales son una prioridad política y presupuestaria, no solo estará fallando a las entidades, sino a todas las personas que dependen de ellas.
Un Gobierno de CC-PP que permanentemente trampea y falsea la información para ocultar la realidad a las y los canarios.
(*) Elena Máñez es vicesecretaria portavoz del PSOE Canarias y diputada del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias
