Desde la formación de izquierdas consideran absurdo plantear leyes centradas en la autoridad docente sin cumplir siquiera el mandato legal de invertir el 5% del PIB en educación, tal como establece la Ley Canaria de Educación aprobada en 2014.
«Durante varias legislaturas se ha incumplido sistemáticamente este precepto legal, lo que repercute directamente en la calidad y equidad educativa de Canarias. Partidos como CC y ASG, que han formado parte del gobierno durante varias legislaturas, deberían mostrar más escrúpulos antes de reclamar mayor autoridad docente sin haber cumplido primero con su tarea de garantizar una mayor inversión pública en el sistema educativo», afirma Alejandro García Vera, coordinador general de IxLG.
Iniciativa por La Gomera (IxLG) considera que la proposición de ley no aporta ninguna novedad sobre la mejora de las condiciones laborales docentes, ya que aspectos como la asistencia psicológica están contemplados en la Ley Canaria de Educación, mientras que el reconocimiento de la «autoridad pública» figura tanto en la LOE como en normativa autonómica. «Elaborar una ley para repetir lo que ya existe demuestra un profundo desconocimiento del sistema educativo y una falta de interés real por mejorarlo. Además, revela una preocupante tendencia a retornar a métodos autoritarios que han demostrado ser completamente ineficaces para resolver problemas socioeducativos», puntualiza el coordinador.
«Pensar que dotando de mayor autoridad al profesorado se revertirán muchos de los problemas educativos es un planteamiento erróneo de base. Los problemas del sistema educativo canario no se deben a la falta de autoridad, sino a la insuficiente inversión pública en apoyos educativos, en medidas de atención a la diversidad y en la reducción de las ratios», manifiesta García Vera.
El partido de la izquierda gomera es consciente de que la realidad educativa se ha vuelto más compleja y de que las demandas sociales son radicalmente diferentes, pero esta proposición de ley se limita únicamente a otorgar presunción de veracidad al profesorado. «Si realmente se quiere reforzar la autoridad docente, lo necesario y urgente es invertir en los aspectos que ya hemos señalado, como la reducción de la carga burocrática. Además, dotar de mayor poder a cualquier colectivo sin contrapesos puede generar usos arbitrarios. El sistema educativo funciona actualmente gracias al trabajo del profesorado y de todo el personal no docente de servicios. Si existe una voluntad real de mejorar el sistema educativo, habrá que empezar por mejorar sus condiciones laborales», señala el coordinador de IxLG.
«Desde IxLG defendemos un sistema educativo de calidad que apueste por la equidad y garantice que toda la infancia y juventud de Canarias tenga derecho a recibir la misma educación, independientemente del punto geográfico del archipiélago en el que se encuentre. Exigimos el cumplimiento de la inversión del 5% del PIB en el sistema educativo, su mejora mediante una mayor inversión pública y una apuesta decidida y firme para que actúe como corrector de las desigualdades sociales existentes. En este sentido, consideramos que la Ley de Autoridad Docente no aporta ninguna solución y, en todo caso, perjudica como siempre al alumnado y a las familias más vulnerables. Pedimos su retirada por ineficaz y oportunista, en un contexto preocupante de retorno a las corrientes autoritarias que están tomando forma en nuestros tiempos», finaliza García Vera.
