El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha manifestado que la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas tiene que aprobarse “con el mayor consenso posible”, de forma que ordene la actividad sin “penalizar a quienes han cumplido las reglas” y preserve su papel como complemento esencial de la oferta turística en las Islas Verdes. “Hay que legislar esta actividad; el debate es cómo hacerlo bien”, subrayó.
Jesús Ramos recordó que ASG ya impulsó en la novena legislatura las modificaciones de la Ley del Suelo y la Ley de las Islas Verdes que “permitieron el desarrollo” del alquiler vacacional en estos territorios, zanjando restricciones que lo hacían “prácticamente imposible”. “Seguiremos respaldando un marco equilibrado que dé certezas y proteja el interés general”, añadió.
Entre las propuestas concretas, anunció que ASG registrará una enmienda in voce para garantizar la continuidad de la actividad en supuestos “mortis causa”, “de modo que, cuando fallece el titular, la persona heredera no pierda automáticamente la posibilidad de seguir con la explotación y disponga de un plazo para decidir”. “Nos parece de justicia y aporta seguridad jurídica a cientos de familias”, indicó.
El parlamentario por la Isla de La Gomera también reclamó que la ley atienda con medidas específicas la situación de los inmuebles ubicados en complejos turísticos, al destacar un dato que consideró “llamativo”: el 70% de las altas recientes en viviendas vacacionales corresponden a unidades situadas en este tipo de complejos. “No podemos perjudicar a propietarios de buena fe. Aunque sancionar hoy a antiguas promotoras sea inviable por el tiempo transcurrido, sí debemos encontrar una solución que no lastre a quienes no tienen culpa”, afirmó.
El portavoz adjunto de ASJ insistió en que la norma final debe preservar el equilibrio territorial y la diversidad del modelo turístico canario, garantizando que las Islas Verdes mantengan una oferta diferenciada que atrae a visitantes que prefieren la independencia de una vivienda vacacional frente a hoteles o apartamentos. “Existe una demanda específica que aporta valor y dinamiza la economía local”, señaló.
Agradeció las aportaciones de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional y valoró la disposición de la Consejería a integrar propuestas de los grupos. “Todos tendremos que ceder para acordar una buena ley. Nuestro objetivo es claro: ordenar con rigor, proteger a los cumplidores y dar seguridad jurídica al sector y a la ciudadanía”, recalcó.
