La intención de quienes aprobamos el Código de Conducta de las Cortes Generales el 1 de octubre del 2020, por cierto, desconocido para senadores del PP con altas responsabilidades, viene expresada desde su preámbulo cuando explicitábamos que la ratio decidendi de esa regulación era garantizar que la ejemplaridad y transparencia constituyeran los principios básicos de conducta de los parlamentarios y parlamentarias. Lógico, ya que, como representantes de nuestro pueblo, debíamos responder con nuestro comportamiento a los más exigentes imperativos éticos.
Ya dentro del articulado, en su Art. 1, apartado 1, concretamos la exigencia de una conducta que respondiera a altos estándares de integridad y transparencia, en aras de mantener y reforzar la confianza ciudadana en las Cortes Generales. En su apartado 2, le dimos el carácter de vinculante para los integrantes de las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones y durante todo el periodo de su mandato. Por último, en el Art. 2, dedicado a los principios, establecimos como aquellos de carácter general, la integridad, transparencia, diligencia, honradez responsabilidad y respeto, tanto a los demás miembros de la Cámaras como a la ciudadanía en general
La desesperación existencial de las derechas
Hago la precedente introducción porque, en el último pleno del Senado, una senadora del PP, no como consecuencia de un súbito arrebato producto de un debate porque era la primera en intervenir, sino de forma perfectamente preparada y deliberada, se dirigió al Grupo Socialista, del que formo parte, con las siguientes palabras: “Solo así me explico yo que haya en La Moncloa y en el PSOE tantos chulos, tantos sobones, tantos machistas y tantos puteros”. La intervención recibió los aplausos en los escaños de su grupo. Dejo a cada lector que valore la conducta de la senadora y de quienes la aplaudieron, pero para mí lo ocurrido pugna frontalmente con el Código de Conducta, ya que ataca sus fundamentos.
Parece que no hemos aprendido nada y que vamos en contra de lo que se pretendía, sobre todo en lo referente a mantener o recuperar la confianza de la ciudadanía en sus representantes. La desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas no era un fenómeno anecdótico, sino estructural. Como señala Aguilar García (2022), citando a Linz (2012), hasta hace poco existía una crítica generalizada a los partidos, pero no a la democracia, por lo que se deducía que el problema no era el sistema, sino su aplicación ética. Sin embargo, en mi modesta opinión, la situación se ha agravado, alentada por la desesperación existencial de la derecha y la extrema derecha, ya que ahora se cuestiona el propio sistema democrático.
El Código de Conducta es un modelo de civismo político
En mi opinión, el Código de Conducta es un modelo de civismo político. No se trata de una medida de control, sino de un acto de dignidad democrática en el que el desacuerdo no se convierta en violencia verbal, la crítica no sea calumnia y la pasión política no reemplace a la dignidad humana. El insulto, la descalificación y la manipulación mediática son formas de corrupción simbólica. Por supuesto que se permite la crítica dura, la denuncia y la ironía política, pero siempre que no ataquen la dignidad humana del interlocutor. Para impregnarse de lo que es el parlamentarismo de altura, recomiendo leer al maestro Luis Carandell.
Sé que habrá quienes planteen la dicotomía de la pugna de lo anteriormente escrito con el derecho a la libertad de expresión, ex artículo 20.1 de la Constitución, o la inviolabilidad de los parlamentarios, ex artículo 71.2. Pero lo tuvimos claro, no se trata de restringir la libertad de expresión, sino de definir qué es expresión política legítima, como diría Jürgen Habermas: “La libertad de expresión solo es legítima cuando se ejerce en el marco de la comunicación no coercitiva” –es decir, sin humillar, sin deshumanizar, sin reducir al otro a un enemigo–.
Nuestra Constitución nunca otorgó un permiso para insultar, para calumniar o injuriar, para desacreditar o para azuzar el odio. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo dice claro: “La libertad de expresión es uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, pero solo si se ejerce con pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura” (Sentencia Hadyside, 1976), y la inviolabilidad no es un escudo para insultar, sino un privilegio para hablar con libertad y responsabilidad. Es un escudo para la verdad, no un escudo para la mentira.
Espero un acto de dignidad política
También soy consciente de que esto contrasta con la lógica del «parlamentario estrella» que predomina en la derecha española, en ese continuo concurso para ver quién dice o escribe la mayor barbaridad contra el adversario político, apelando a lo emocional y apartándose del esfuerzo de razonar. Y todo ello con el objetivo de ganarse los favores de su cúpula, conseguir viralidad en las redes sociales y desarrollar la política como un espectáculo, olvidando que no se nos mide por los «me gusta», sino por el impacto positivo que podemos generar en la vida de las personas. Sin embargo, la ciudadanía no solo juzga al Parlamento por lo que legisla, sino también por su comportamiento.
En definitiva, creo que merece la pena que lleguemos todos y todas a la conclusión de que, si no nos respetamos los parlamentarios entre nosotros y nosotras, no estamos respetando a la ciudadanía a la que representamos. Por ello, espero un acto de dignidad política por parte de la senadora o del presidente de la Cámara al inicio del próximo pleno del Senado, que se celebrará el día 30 de septiembre, para poner un punto y aparte y abrir un camino de entendimiento que evite tantas faltas de respeto, practicando algo tan sencillo como la buena educación.
(*) Manuel Fajardo Palarea es senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.