El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este martes una modificación en las Cortes de la Ley de Bases del Régimen Local para permitir que los ayuntamientos tengan más mecanismos para regular el mercado de vivienda, entre ellos la penalización o expropiación de viviendas que lleven vacías más de seis meses. El Archipiélago tiene más de 211.000 casas vacías, 110.000 de ellas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otras 100.000 en la provincia de Las Palmas según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos al año 2021.
En una respuesta en el pleno del Parlamento al diputado de Coalición Canaria David Toledo, el presidente ha señalado que ya ha tratado esta cuestión con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la idea es pactar un texto con la Federación Española de Municipios para plantearlo al Congreso de los Diputados.
En cuanto a dotar de más competencias a los ayuntamientos, el presidente ha señalado que existen precedentes en Berlín, Hamburgo o Ámsterdam y en países de la Unión Europea donde los ayuntamientos tienen competencias para regular el mercado de vivienda.
Un gran problema
La situación habitacional en el archipiélago canario continúa afectando de forma directa a trabajadores esenciales como el profesorado. Marta, una profesora de 40 años con seis años de experiencia en la docencia, vive una realidad que, aunque parezca excepcional, cada vez es más común. Y es que duerme en una furgoneta para poder ejercer su trabajo en Fuerteventura, mientras mantiene su vivienda en Lanzarote, isla donde reside desde hace cinco años.
Además, el Gobierno de Canarias calcula que el 30% de las viviendas vacacionales existentes en Canarias deberían volver al mercado tradicional, al arrendamiento de larga duración, porque «no será viable su uso turístico». Es la estimación que ha hecho pública el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística en la SER cuando el proyecto de ley que pondrá coto al alquiler vacacional en las islas encara su recta final en el Parlamento autonómico. Miguel Ángel Rodríguez ha aclarado que, aunque la intención del ejecutivo era que la norma estrella de la legislatura estuviera en vigor en enero de este 2025, finalmente (y si no hay sobresaltos en el calendario) será una realidad en el mes de diciembre.
