El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado este martes la gravísima decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de vetar la enmienda del PP en el Senado sobre la subvención de 1.200 millones de euros destinada a garantizar el transporte aéreo regular con Canarias, una ayuda que resulta vital para la cohesión territorial y el bienestar de los ciudadanos.
La medida había sido aprobada en el Senado a propuesta del PP, con un amplio respaldo de la Cámara, mediante una enmienda que contemplaba un crédito extraordinario para cubrir las obligaciones de subvención al transporte aéreo de 2024 y 2025. Sin embargo, el Ejecutivo ha vetado la iniciativa, lo que demuestra la falta de voluntad del Gobierno para apoyar a las regiones más dependientes de la conectividad aérea.
El PP advierte de que esta decisión tendrá un impacto inmediato en los territorios insulares y en las ciudades autónomas. La falta de apoyo podría encarecer los billetes de avión al obligar a las aerolíneas a repercutir los costes en los pasajeros, dificultando así la movilidad diaria de los canarios entre islas y con la Península.
Además, la conectividad podría verse amenazada, con riesgo de pérdida de rutas y frecuencias que agravarán el aislamiento del Archipiélago. El turismo, motor económico de las Islas, también sufrirá un duro golpe, ya que un acceso más caro y complicado desincentivará la llegada de visitantes y pondrá en aprietos a negocios locales y sectores dependientes del flujo turístico. A todo ello se suma un agravio comparativo que refleja el desprecio del Gobierno hacia la España insular y ultraperiférica.
Los populares subrayan, además, que la decisión del Gobierno no solo compromete la subvención ya prevista, sino que abre la puerta a cuestionar la continuidad de futuras ayudas al transporte aéreo. “Si se normaliza este veto, cualquier apoyo a la movilidad de los canarios quedará en entredicho. Hablamos de un precedente muy peligroso que pone en riesgo la estabilidad de las conexiones aéreas y de la propia economía de Canarias”, subrayan desde el Grupo Popular.
En el plano jurídico, el Ejecutivo ha recurrido al artículo 134.6 de la Constitución, que impide tramitar enmiendas que supongan un aumento del gasto sin autorización expresa del Gobierno. Los populares recuerdan que este Gobierno no tiene presupuestos en vigor y que siguen vigentes los aprobados en 2022 en unas Cortes Generales disueltas por un gobierno que ya no existe.
El procedimiento seguido agrava aún más la situación. Tras aprobarse el texto con la enmienda del PP en el Senado, la iniciativa llegó a la Mesa del Congreso este martes, donde el diputado por Las Palmas Guillermo Mariscal advirtió cómo se estaba retorciendo un criterio jurídico para facilitar este veto. Sucede que el Gobierno decidió vetarla esta misma mañana llevándola “en mano”, escudándose en el artículo constitucional.
Para los populares, la aberración jurídica es evidente, ya que el veto se ha producido fuera de la Cámara en la que fue aprobada la enmienda, lo que supone una intromisión sin precedentes en la autonomía legislativa del Senado. No es la primera vez que el Gobierno retuerce el reglamento contra el criterio del secretario general del Congreso, como ya había sucedido con otra enmienda para reducir la carga fiscal en la factura eléctrica.
El PP también ha señalado la obscena doble vara de medir del Ejecutivo de Sánchez, que con cargo a remanentes ha autorizado un aumento del gasto en Defensa de 10.000 millones de euros, y por otro lado niega a Canarias una compensación garantizada por el propio Régimen Económico y Fiscal (REF), que busca igualdad de oportunidades entre todos los españoles vivan donde vivan.
A esta decisión se suma, además, la postura de Coalición Canaria, que según el PP ha actuado como cómplice del bloqueo. En el Senado, la formación nacionalista presentó una enmienda reducida a apenas 300 millones, una cifra que representa menos del 25% de la deuda actual. Posteriormente, se abstuvo en la votación de incremento hasta 1.200 millones, debilitando la posición de Canarias frente al Gobierno de Sánchez.
El PP de Canarias subraya que seguirá defendiendo en el Congreso esta compensación, por ser imprescindible para la movilidad de los ciudadanos, el transporte de mercancías y la sostenibilidad del turismo. “Mientras el Gobierno de Sánchez da la espalda a Canarias nosotros seguiremos luchando por garantizar la igualdad, la solidaridad y el sentido común. No vamos a permitir que el sectarismo político ponga en riesgo el futuro de nuestra tierra”, afirmaron fuentes populares.
Mientras hacia otras regiones, como Cataluña, el Gobierno despliega todos sus esfuerzos para reducir y diluir su deuda pública a costa del bolsillo de todos los españoles —lo que en el caso de Canarias supone cargar con 400 euros adicionales sobre cada ciudadano—, en este caso se saltan las normas básicas del parlamentarismo, actuando por puro sectarismo y olvidando por completo sus obligaciones con esta tierra.
