El inicio de este curso político ha parecido más una disputa de gallinero que una oportunidad para cimentar consensos. La confrontación partidista en torno a la propuesta de condonación de la deuda ha acaparado titulares y debates, relegando a un segundo plano lo más importante: los intereses de los más de 2,2 millones de canarios y canarias, que esperan de sus representantes a nivel nacional altura de miras, no un espectáculo de enfrentamiento permanente.
No se trata de buscar culpables de la crispación que vivimos en España. Se trata de reflexionar, con serenidad, sobre lo que está en juego para Canarias y su futuro. La propuesta de quita de deuda —que permitirá a las comunidades autónomas decidir si se acogen o no a este mecanismo— debe analizarse desde lo que realmente necesita el Archipiélago. No desde las trincheras partidistas, sino desde la unidad de acción política.
En términos generales, la condonación es una medida positiva: supone un alivio financiero que puede convertirse en palanca de desarrollo y mejorar la vida de la ciudadanía. Sin embargo, en el caso de Canarias, las condiciones actuales de la propuesta son insuficientes. Precisamente por ello, el trámite parlamentario del Proyecto de Ley debe entenderse como una gran oportunidad para el consenso y la unidad de todos los canarios.
No basta con aceptar los 3.249 millones de euros previstos. Canarias debe reclamar con firmeza y serenidad los casi 5.000 millones que realmente le corresponden. Esta no es una reivindicación partidista, sino una causa común: defender los intereses del Archipiélago desde la unidad, porque solo así se garantizará un trato justo y equilibrado.
Al mismo tiempo, Canarias encara otro reto decisivo: la reforma del sistema de financiación autonómica. El crecimiento demográfico y la presión sobre los servicios públicos esenciales —sanidad, educación y políticas sociales— exigen máxima vigilancia y una posición firme ante una posible ruptura con el principio de solidaridad de este mecanismo.
El Estado, en ocasiones, ha confundido el Régimen Económico y Fiscal (REF) con la financiación autonómica, poniendo en riesgo la singularidad reconocida de Canarias. Ante ello, la respuesta no puede ser la confrontación estéril, sino la fortaleza institucional, la unidad y la responsabilidad colectiva.
Hoy más que nunca, Canarias necesita voces que unan, no que dividan. La condonación de la deuda debe entenderse como un punto de partida, no como una meta final. Es la ocasión para demostrar que, por encima de cualquier diferencia, los canarios y sus representantes son capaces de actuar juntos en defensa de su tierra.
Con serenidad, con firmeza y con visión de futuro, este proceso puede transformarse en una auténtica conquista colectiva para el presente y las próximas generaciones de las islas.
