El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha instado al Gobierno de Canarias y al resto de las formaciones representadas en el Parlamento a mantener una “posición firme, pero constructiva” ante la propuesta de condonación de deuda autonómica planteada por el Estado, que considera “arbitraria y discriminatoria”, al dejar fuera del acuerdo más de 1.700 millones de euros que corresponden a Canarias.
Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, en el Parlamento de Canarias, Curbelo alertó de que el modelo actual “penaliza a las comunidades que han gestionado con rigor sus finanzas, como es el caso de Canarias, y premia el endeudamiento excesivo”, desvirtuando así los principios de equidad y responsabilidad fiscal.
“La propuesta fija un tope del 50% en la condonación que no se aplica de forma simétrica entre territorios. Solo afecta negativamente a nuestra comunidad y vulnera el principio de equidad horizontal que debería regir cualquier medida de alivio fiscal”, explicó el portavoz.
Según dijo, ASG se defiende una condonación basada en criterios objetivos, como la población ajustada o los sobrecostes derivados de la doble insularidad. Asimismo, apuntó, se insiste en que los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF), con rango estatutario y europeo, no deben computarse como financiación ordinaria, tal y como establece el artículo 166 del Estatuto de Autonomía.
Curbelo recordó que el 75% del presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma se destina a sanidad, educación y servicios sociales, por lo que “cualquier alivio de deuda debe traducirse en mejoras reales para los ciudadanos y no en simples ajustes contables sin impacto social”.
Además, alertó de que la posible financiación singular para otras comunidades, como Cataluña, “puede poner en riesgo la caja común y el principio de solidaridad interterritorial, abriendo una fractura en el sistema autonómico”.
Finalmente, reiteró la voluntad del Grupo Parlamentario ASG de colaborar con el Gobierno de Canarias y con el resto de fuerzas políticas “para lograr un modelo de financiación justo, que no castigue a quienes han hecho bien las cosas, y que garantice la sostenibilidad del Estado del Bienestar para las generaciones futuras”.
