El vicepresidente primero y consejero de Régimen Interior y Patrimonio Insular del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, defendió este jueves en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias la aplicación del Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, que desarrolla los procedimientos de valoración y calificación del grado de discapacidad en la Comunidad Autónoma. Subrayó que el nuevo marco “prioriza a las personas” y permitirá simplificar y agilizar los trámites, “acercando el servicio a la ciudadanía gomera y evitando traslados innecesarios a otras islas”.
Reyes valoró especialmente la descentralización operativa prevista en la norma: “Los equipos de valoración de discapacidad estarán presentes en cada isla y, en el caso de las no capitalinas, su gestión y control podrán encomendarse a los cabildos insulares mediante convenios de colaboración”, afirmó, en referencia al artículo 3 del decreto. “Ahora podemos ofrecer este servicio desde el propio Cabildo, con profesionales en la isla y un procedimiento más cercano y adaptado a nuestras necesidades”, añadió.
En cuanto a los beneficios directos para la ciudadanía, el consejero destacó la creación de un listado oficial de patologías que permitirá el reconocimiento automático de los grados del 33%, 65% y 75% con la sola aportación de informes médicos, la posibilidad de trámites telemáticos, la resolución prioritaria de casos urgentes y la integración de beneficios en un único expediente, evitando trámites repetitivos. “Estos cambios mejorarán la vida de miles de personas y familias que hoy sufren esperas prolongadas y procesos burocráticos complejos”, señaló.
El vicepresidente primero recordó que La Gomera ha padecido largas listas de espera debido a la centralización en Tenerife o Gran Canaria de las valoraciones: “Muchas familias han tenido que esperar meses, incluso años, y desplazarse fuera de la isla para obtener una respuesta. Con este decreto y los futuros convenios, reduciremos tiempos, evitaremos desplazamientos y atenderemos los casos urgentes con prioridad”, explicó. “Este modelo de descentralización y proximidad es especialmente importante en un archipiélago como el nuestro, donde la distancia entre islas no puede ser una barrera para acceder a derechos fundamentales”.
Reyes puso el acento en el impacto social del cambio para personas mayores, familias con movilidad reducida y menores con discapacidad, y en la equidad territorial: “Garantizamos los mismos derechos para toda la población de La Gomera, viva en San Sebastián, Valle Gran Rey o cualquier municipio de la isla”. Asimismo, manifestó el compromiso del Cabildo: “Asumimos con responsabilidad el papel que nos otorga la norma y pondremos los recursos necesarios para que ninguna persona se quede atrás”.
Para concluir, el consejero agradeció al Gobierno de Canarias “la valentía de dar un paso crucial en descentralización y simplificación” y propuso evaluar la aplicación del decreto “según se vayan implementando los cambios, para introducir las mejoras que resulten necesarias y garantizar la máxima utilidad pública”. “Con la gestión directa de las valoraciones por parte de los cabildos, reduciremos listas de espera, acercaremos los servicios a la ciudadanía y ofreceremos una atención más humana y eficaz”, resumió.
