El Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha respaldado este martes la propuesta del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de promover “un gran pacto de toda Canarias” en defensa de un sistema de financiación autonómica justo, equitativo y solidario.
En una reunión mantenida por el jefe del Ejecutivo canario con los grupos parlamentarios, se advirtió de las consecuencias que tendría para el Archipiélago un eventual acuerdo entre el Estado y la Generalitat para una financiación singular de Cataluña, que implicaría una pérdida “importante” de recursos imprescindibles para las islas.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, Jesús Ramos, trasladó al presidente del Gobierno la necesidad de establecer una estrategia dirigida a defender los intereses canarios e invitó a todos los grupos a unirse en el apoyo al Ejecutivo en esa defensa.
Según dijo, “no pedimos más que los demás, pero no aceptaremos menos. Hay que blindar el REF, separar sus recursos del sistema común y reconocer los sobrecostes reales de prestar servicios en un territorio fragmentado y alejado”. En este sentido, añadió que “solidaridad no significa uniformidad; significa atender de forma adecuada las necesidades diferenciales”.
En nombre de ASG, alertó de que la metodología planteada por el Ministerio de Hacienda, al computar indebidamente fondos del REF como si fueran financiación ordinaria, detrae “de un plumazo” en torno a 1.700 millones de euros a Canarias.
Frente a ello, defendió que la anunciada condonación de deuda se articule por población ajustada –criterio ya vigente en la financiación autonómica–, lo que elevaría la cuantía para el Archipiélago a 4.080 millones frente a los 3.259 millones calculados ahora, evitándose además el efecto del tope del 50% que penaliza a las regiones menos endeudadas.
Jesús Ramos recordó que el modelo vigente data de 2009 y debió revisarse en 2014. “Desde entonces, Canarias ha crecido en más de 570.000 personas hasta superar los 2,2 millones, sin que la financiación haya acompañado ese salto demográfico; el resultado son tensiones inasumibles en sanidad, educación y derechos sociales”, señaló.
Insistió en que la realidad insular y la doble insularidad elevan entre un 30% y un 40% los costes operativos de servicios esenciales y que, solo en sanidad, la condición de región ultraperiférica añade sobrecostes cercanos a 500 millones de euros anuales. “Esta no es una demanda caprichosa; es la constatación de una desigualdad estructural que hay que corregir con criterios técnicos y objetivos”, enfatizó.
Igualmente, defendió una revisión multilateral del sistema, basada en el consenso político, técnico y social, y rechazó acuerdos bilaterales que perjudiquen al conjunto. “Un modelo singular para una comunidad que recaude el 100% de sus impuestos y luego transfiera al Estado lo que estime oportuno rompería la cohesión y, en la práctica, quitaría dinero a los canarios”, advirtió, llamando a todas las fuerzas a “cerrar un frente común” en el Parlamento de Canarias para garantizar un resultado equitativo.
Avanzó que ASG presentará iniciativas para actualizar automáticamente los fondos por sobrecostes estructurales, reforzar el reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica y asegurar que el REF sea plenamente compatible y complementario con el nuevo modelo de financiación. “Canarias no puede aceptar un sistema que nos condene a ser menos que los demás”, apuntó.
