El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha trasladado la profunda preocupación de la Institución insular en relación con la gestión de los servicios de control aéreo en los aeropuertos de Canarias. En este sentido, mostró su apoyo a la solicitud de diferentes cabildos y de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible revierta la concesión otorgada a la empresa privada que actualmente gestiona estos servicios en los aeropuertos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

Curbelo advirtió de que los problemas financieros y organizativos que atraviesa la compañía adjudicataria “no solo ponen en riesgo las condiciones laborales de los trabajadores, sino que generan una seria preocupación en torno a la seguridad de las operaciones aéreas en infraestructuras estratégicas para el Archipiélago”.

El presidente insular recordó que, si bien el Aeropuerto de La Gomera funciona bajo el sistema AFIS, esta circunstancia refuerza aún más la necesidad de una revisión profunda del modelo de gestión aérea en Canarias. “La experiencia nos demuestra que dejar en manos privadas servicios esenciales vinculados a la seguridad aérea supone un riesgo que territorios insulares como el nuestro no pueden asumir”, afirmó.

En este sentido, solicitó la supresión del sistema AFIS en La Gomera y la implantación de un modelo de control que garantice mayores niveles de operatividad y seguridad, claves para la conectividad de la isla.

Curbelo subrayó que el transporte aéreo constituye, junto al marítimo, la única forma de conexión para las islas, de modo que la gestión de las torres de control y los sistemas que aseguran la seguridad aérea “debe estar enmarcada en el ámbito público de forma estable y definitiva, sin condicionantes derivados de intereses empresariales o de rentabilidad económica”.

Asimismo, hizo hincapié en que “la conectividad aérea no es solo un asunto técnico, sino una cuestión estratégica que define nuestra forma de vida y nuestras posibilidades de progreso”, por lo que pidió sensibilidad al Gobierno del Estado a la hora de tomar decisiones que afectan directamente a la cohesión social, el desarrollo turístico y económico de Canarias.