El pasado mes de junio, tuvo lugar el acto de graduación de la V promoción de la titulación de Experto Universitario en Gobernanza y Participación Ciudadana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Solamente en Canarias, de la mano de la ULPGC y del Cabildo de Gran Canaria, y en País Vasco se imparte esta disciplina que permite la especialización, este año, a alumnado -profesional o no- en distintas materias y áreas de conocimiento, como Sociología, Derecho, Urbanismo, Arquitectura, Economía, Terapia Ocupacional o gerencia de asociaciones de participación vecinal. El objetivo: adquirir conocimientos especializados para optimizar la focalización de sus disciplinas desde el conocimiento de la participación ciudadana y la gobernanza.
Tras cinco promociones, hoy son, cada vez más, las pequeñas empresas y profesionales autónomos que trabajan en Canarias en los distintos ámbitos. Ya también se empiezan a analizar, con mejor criterio, los procesos participativos reales o, por el contrario, los procesos como simples eslóganes. Se trata de un claro ejemplo de transferencia de conocimiento entre universidad y Administración pública insular.
Pero “participación” no es todo lo que reluce. Conviene advertir de que el concepto de “participación ciudadana” se ha convertido, en muchos casos, en un recurso retórico o un simple trámite simbólico.
En Canarias, pese a los avances logrados, todavía persisten problemas significativos: brechas digitales que excluyen a parte de la ciudadanía, falta de evaluación sistemática de los procesos, escasa trazabilidad de los resultados y una limitada influencia real de la ciudadanía en la toma de decisiones. Según estimaciones, apenas un 30 por ciento de las iniciativas registradas en portales de participación terminan traduciéndose en acciones concretas.
En este foro universitario, son muchos los aspectos que se estudian y debaten en relación a esta disciplina. Por mi parte, centré el trabajo final en torno a la legislación en Canarias, así como la situación en los cabildos y ayuntamientos y, por supuesto, en el Gobierno autonómico. Después de estudiar la situación en otras comunidades autónomas y vistos los rápidos cambios sociales y tecnológicos en los últimos años, se constata la necesidad de contar en Canarias con una nueva ley de transparencia y participación ciudadana.
Se debe destacar el hecho de que el Gobierno de Canarias haya iniciado el trámite para aprobar un nuevo texto legal de participación ciudadana y transparencia que unifique y modernice el marco legal vigente (Ley 5/2010 y Ley 12/2014). A principios de año se realizó una consulta pública previa, limitándose ésta a presentar la idea, y queda pendiente conocer el documento del proyecto que el Gobierno presente para empezar realmente con la participación y aportaciones de toda la ciudadanía canaria.
Ante los casos de corrupción que siguen asolando nuestra democracia, toca avanzar, ineludiblemente, hacia una participación transformadora y una gestión de lo público cada vez más transparente. Así, para que la futura ley no quede en letra muerta, es imprescindible dotarla de ambición institucional y operativa, objetivo para el que resulta irrenunciable una serie de líneas claves encaminadas a una transformación real.
La primera de ellas pasaría por la transformación del actual Comisionado de Transparencia de Canarias -órgano unipersonal dependiente del Parlamento- por una Autoridad Canaria de Transparencia verdaderamente independiente. Asimismo, cabría apostar por la creación de un Consejo Canario de Participación Ciudadana, y procede mejorar y actualizar tanto el derecho de acceso a la información pública como el de participación ciudadana. Por otra parte, se ha de contemplar la regulación de los grupos de interés como actores relevantes en la configuración de las políticas públicas y reforzar el régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa.
Ante la situación dispar que se da en estos momentos en el trabajo de los cabildos, ejemplos como Tenerife y Gran Canaria van avanzados en esta tarea, mientras que otros se han quedado en el cumplimiento mínimo de la ley. Ademas, es clave dar un impulso al trabajo de las ocho islas y los 88 municipios de Canarias.
Por último, se debe subrayar que la profesionalización de la participación debe pasar por el refuerzo y ampliación de iniciativas como el Curso de Experto en Gobernanza y Participación Ciudadana de la ULPGC.
En definitiva, solo dotando de independencia real a los órganos de control, estableciendo espacios participativos estables, homogeneizando los marcos normativos locales y profesionalizando la gestión pública -entre otras cuestiones-, se evitará que la participación ciudadana y la transparencia sigan siendo simples adornos políticos, etiquetas vacías. Hagamos de ellas instrumentos efectivos para reforzar la democracia en Canarias.
