El panorama es gris oscuro en todo el mundo. Las extremas derechas crecen y se fortalecen. También los discursos y las prácticas belicistas, saltándose por completo el derecho internacional y causando destrucción de infraestructuras y decenas de millas de muertes, como se observa en la invasión rusa de Ucrania y en el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, así como en sus ataques al Líbano o Irán. Las libertades y los derechos humanos palidecen. Están en riesgo los derechos laborales, los servicios públicos y las pensiones, los avances feministas, los que atañen a la diversidad sexual, el combate contra la Crisis Climática y cualquier esperanza de un mundo en paz y en equidad. Lo que ocurrió hace ochenta años amenaza con repetirse en un planeta con más tecnología y mucho más poder de destrucción.
Juegan a favor de la ultraderecha el aliento que les ha supuesto el regreso de Trump a la Casa Blanca. Su estrecha alianza con los poderes económicos. Y, también, con los mediáticos. Su manipulación de las redes sociales y la extensión de bulos de todo tipo, de noticias manipuladas que buscan impulsar el odio al distinto, con preferencias por denigrar a los inmigrantes, tal y como los nazis hacían con los judíos, y que se mueven viralmente.
También contribuye al colaboracionismo de los derechos tradicionales que -salvo muy contadas excepciones, como los casos francés y alemán- no dudan en pactar con ellos e ir aceptando progresivamente sus programas de restricción de derechos y libertades. Lo hemos visto en numerosos estados europeos, también en las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP.
En el estado español se evitó en 2023 un Gobierno con el apoyo y la influencia decisiva de la extrema derecha. Feijóo solo logró en su investidura los votos del PP, Vox y los regionalistas de UPN y CC. Una mayoría de izquierdas y nacionalista bloqueó esa posibilidad de gobierno ultraconservador y permitió un Ejecutivo de corte progresista en el que participa PSOE y Sumar, pero que cuenta con apoyos parlamentarios más amplios; y tan variados como complicados, lo que obliga a la negociación permanente.
Comportamientos desfavorables
Un Gobierno de coalición que, en estos dos años, ha desarrollado una agenda progresista: revalorización de las pensiones, subida del SMI o la todavía no resulta reducción a 37,5 horas de la jornada laboral. Así como con propuestas sobre vivienda, como la presentada por Pedro Sánchez a la Conferencia de Presidentes celebrada a principios de junio, que plantea una inversión de 7.000 millones de euros (de los que 4.000 millones aportaría el Estado) en el periodo 2026-2030, a la que los titulares de ejecutivos autonómicos del PP no prestaron atención alguna: solo les interesaba reventar el encuentro y solicitar elecciones anticipadas. Asuntos, todos los anteriormente citados, que habrían tenido una resolución bien distinta si gobernaran las derechas.
Todo ello en medio de buenos datos económicos y de empleo, por encima del resto de estados europeos, aunque opacados con el ruido que derecha y ultraderecha han ido progresivamente amplificando a lo largo de esta legislatura que se encuentra casi en su mitad. Y ahora, mucho más, al salir a la luz comportamientos execrables protagonizados por altos cargos del PSOE, en el partido, como Santos Cerdán, o que incluso llegaron a ocupar plaza en el Ejecutivo, caso del exministro Ábalos. Comportamientos que suponen un golpe terrible al partido socialista, a la izquierda en su conjunto ya la democracia ya la credibilidad de las instituciones.
Considere que no basta con pedir perdón por la corrupción. Se precisa, asimismo, depurar todas las responsabilidades, caiga quien caiga. Y, en el plano político, sería muy conveniente que Sánchez gane la plena confianza de sus socios en la acción de gobierno. Implementando con todas las consecuencias un programa nítido de progreso, de compromiso firme con las políticas sociales y, en especial, con el acceso a una vivienda en condiciones razonables. Dando pasos firmes para la eliminación de los aforamientos, como hizo Canarias en la renovación de su Estatuto en 2018. Así como endureciendo las penas a los corruptos, sean empresarios, funcionarios o responsables políticos.
Siempre teniendo claro que una cosa es la dimensión política, en la que corresponde sin duda actuar con contundencia, y otra lo que se demuestre finalmente en el desarrollo de las investigaciones y dictan en su momento los tribunales de Justicia.
Gasto militar desaforado
Paralelamente, Pedro Sánchez se ha enfrentado estos días a las presiones de Donald Trump para que los estados europeos gasten el 5% del PIB en defensa. Posicionamiento más que loable por lo irracional de la propuesta armamentística y por sus terribles consecuencias en el recorte de las políticas sociales. Muchos ven en esta postura un guiño a la tradición pacifista española, como se puso de manifiesto en la masiva respuesta ciudadana contra la guerra de Irak, así como un intento de contentar a sus socios. Pero, ni estamos en aquella época ni este ni otros temas impiden que la opinión pública siga muy centrada en los escándalos de Santos Cerdán, Ábalos y cía.
Sobre este asunto del gasto militar, José Enrique de Ayala, general de Brigada retirado, y miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Política Exterior, del Consejo de Asuntos Europeos y del Consejo de Seguridad y Defensa de la Fundación Alternativas, asegura que «la propuesta de rearmar Europa lanzada por la Comisión Europea es injustificable. Primero porque es desmesurada, ya que podría llegar a 800.000 millones, que es aproximadamente dos veces y media lo que actualmente gasta la UE en defensa. La industria europea no tiene capacidad para absorber ese gasto y por tanto el dinero irá en su mayoría a Estados Unidos y, sobre todo, porque no corresponde a un estudio de amenazas, vulnerabilidades, y necesidades que dé lugar a un plan coordinado y eficaz. No se sabe por qué ni cómo ni para qué es necesario ese enorme aumento del gasto”.
Alternativas izquierdas
Volviendo al eje del debate político y mediático de las últimas semanas, hay pocas dudas sobre las consecuencias funestas de estos gravísimos casos de corrupción que estamos conociendo, investigación de la UCO y grabaciones de los propios implicados mediante, estas últimas semanas. Un auténtico terremoto que no solo daña al PSOE y al Gobierno progresista -desmoralizando a sus militantes y votantes- y pone contra las cuerdas a Sánchez. Además, como bien señala Alberto Surio en la revista Galde, “l a convulsión del momento es el mejor alimento para una extrema derecha crecida, que conecta con el malestar social con la política, que erosiona la democracia liberal y que abraza el manual reaccionario con un desparpajo considerable”. Ya lo confirman algunas encuestas.
La crisis que atraviesa el partido con más apoyo social y electoral del espacio progresista en el Estado y en Canarias constituye una pésima noticia. Ello obliga a una auténtica catarsis dentro del PSOE. Pero, de manera especial, debe llevar a un ejercicio de máxima responsabilidad al resto de las izquierdas, estatales y territoriales, para romper con el panorama actual de fragmentación y enfrentamiento estéril y establecer plataformas unitarias que posibiliten una nutrida presencia en todos los niveles institucionales y que ayuden a combatir la ultraderecha.
Para ofrecer alternativas creíbles al electorado progresista ya los desencantados por esta crisis. Para defender consecuentemente el acceso a una vivienda digna, la calidad del empleo, las pensiones, la financiación y eficiencia de los servicios públicos, las conquistas feministas, la mejora de las políticas de cuidados, la seguridad y la correcta actuación frente a las distintas emergencias o la acción consciente y rigurosa para combatir la Crisis Climática. Así como de un modelo de estado plurinacional y de los derechos humanos y la legalidad internacional. Para defender, en definitiva, la democracia y que esta sea más social y más justa. Nueva Canarias está plenamente comprometida en esa línea de trabajo.