Me dirijo a ustedes con el alma rota, pero con la firme convicción de que la verdad, por cruda que sea, debe ser escuchada. Les escribo en nombre de un niño de 11 años, un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, llamado JOSÉ ADRIÁN cuya realidad es un espejo de la más inaceptable de las injusticias.
Este niño, que padece parálisis cerebral con una discapacidad reconocida del 100%, vive encerrado en su propia casa . No por su condición, sino por la vergonzosa incapacidad institucional que lo condena a una existencia enclaustrada. Imaginen, si pueden, la vida de un menor en un cuarto piso sin ascensor , donde la escalera se convierte en un muro infranqueable, una fortaleza que lo aprisiona.
Sus padres, Yurena y Nelson, han alzado la voz, una voz rota por el dolor, que resuena con la desesperación de una familia agotada. «Mi hijo está atrapado en casa por la inacción institucional», claman. Han agotado todos los caminos: Ayuntamientos, Servicios Sociales, Defensor del Pueblo, incluso la Casa Real y la Presidencia del Gobierno. ¿La respuesta? «Protocolos, listas de espera, mucha gente como nosotros». ¡Mucha gente como ellos! ¿Es esa la respuesta de un país que se aprecia de avanzado?
La alegría de este niño se reduce a una salida esporádica, «una vez al mes», cuando su padre, con un esfuerzo sobrehumano, logra bajarlo a la calle. «Se le ilumina la cara», dice Nelson. ¿Pueden concebir que la única chispa de felicidad en la vida de un niño con discapacidad sea una salida mensual, un privilegio que para cualquier otro es un derecho fundamental?
Pero el drama no termina ahí. La «solución» ofrecida por los servicios sociales ha sido una bofetada a la dignidad de esta familia: «nos han sugerido que ocupemos una vivienda o que lo metamos en una residencia». ¿Es esta la compasión? ¿Es esta la humanidad? ¿Sugerir a unos padres desesperados que abandonan a su hijo a la tutela de una institución, o que se convertirán en delincuentes para obtener una vivienda digna? La indignación es un fuego que quema el alma.
Mientras tanto, Yurena y Nelson observan con una frustración que no puede ocultar cómo «se dan ayudas rápidas, viviendas a personas extranjeras, recién llegadas, mientras a nosotros que somos ciudadanos de aquí y además cumplimos todos los requisitos, nos rechazan». Esta comparación, aunque dolorosa, subraya la percepción de una desigualdad hiriente en la respuesta de las administraciones.
Este no es solo un caso de parálisis física; es una parálisis institucional que nos avergüenza como sociedad. Es la historia de cómo una escalera, una barrera física, se convierte en el símbolo de una burocracia ciega y sorda, de una sociedad que mira hacia otro lado mientras una familia se desangra. «Seguimos luchando por inercia, incluso hemos tenido que bañar a mi hijo en el suelo porque no tenemos baño adaptado», confiesa Nelson. ¿Pueden sentir el peso de esas palabras?
Les ruego, les imploro, que no permitan que este niño siga «sin vida», que sus padres no digan «muertos en vida». La solución es clara y urgente: la instalación de un ascensor en su edificio o una vivienda adaptada que les permita vivir con la dignidad que merecen.
Es hora de que la administración deje de estar atrapada en un laberinto de protocolos y demuestre que la compasión, la humanidad y la justicia no son solo palabras vacías. Este niño sueña con bajar a la calle, respirar aire fresco, sentirse libre. Es nuestra obligación moral, como sociedad, hacer que ese sueño se haga realidad.
Actúen. Por favor, actúen con la urgencia y la humanidad que este caso exige.
Como hay tanto bulo, tanta mentira hoy en día, adjunto los siguientes enlaces que han ayudado a dar visibilidad a este dramático caso:
https://youtu.be/NmO14KfSdbU?si=BirggepJhsjxtStr
