En una sociedad cada vez más envejecida, donde la evolución demográfica plantea retos urgentes, las políticas públicas deben situar a las personas en el centro de la acción. Uno de los desafíos más acuciantes es garantizar el acceso al empleo de calidad a quienes, a partir de los 45 años, encuentran mayores obstáculos para reinsertarse en el mercado laboral. Es en ese grupo donde debemos reforzar nuestra intervención institucional si realmente aspiramos a una sociedad cohesionada y equitativa.
El reciente informe de Coyuntura Económica de La Gomera 2024, elaborado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, nos ofrece un diagnóstico revelador. Si bien los indicadores económicos muestran signos de recuperación —con un aumento del número de empresas, una mayor afiliación a la Seguridad Social y una tasa de paro que desciende —, no podemos obviar la realidad que afecta a segmentos específicos de la población, especialmente aquellos mayores de 45 años.
La estructura del empleo sigue enfrentando barreras relacionadas con la edad, y muchos de nuestros ciudadanos con experiencia quedan relegados, a pesar de su potencial. En este contexto, desde el Cabildo de La Gomera apostamos de forma decidida por políticas activas de empleo que conjugan formación, empleabilidad y cohesión social. Lo hemos demostrado con el programa pionero financiado a través del FDCAN, mediante el cual se ha contratado a 120 personas mayores de 60 años y se les ha brindado formación en competencias digitales básicas, herramientas esenciales para desenvolverse en un entorno laboral y social cada vez más tecnológico.
Este modelo no debe ser una excepción, sino una constante. La clave está en establecer estrategias a medio y largo plazo que integran a todos los sectores sociales, no solo a quienes rebasan los 45 años, sino también a los jóvenes recién titulados, que enfrentan su propia lucha para iniciar una trayectoria profesional sólida. La igualdad de oportunidades en el empleo no se garantiza únicamente con la oferta de puestos, sino con la dotación de herramientas formativas y planos de cualificación adaptados a la realidad insular.
Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible —económico, social y territorial— exige una planificación responsable, basada en la anticipación. La doble insularidad, el envejecimiento poblacional y las dificultades de conectividad no pueden ser frenos, sino acicalados para ser más proactivos, creativos y solidarios.
Las administraciones no pueden actuar de forma aislada. Esta labor debe estar respaldada por un esfuerzo conjunto entre las instituciones, las empresas, los centros formativos y la ciudadanía. Debemos diseñar una arquitectura de oportunidades que facilite tanto el reciclaje profesional de quienes llevan años fuera del mercado como la inserción de quienes se incorporan por primera vez.
Desde La Gomera, seguiremos destinando recursos a estos multas, convencidos de que apostar por las personas no es solo una cuestión de justicia social, sino también una estrategia inteligente para el desarrollo económico. Invertir en las personas es invertir en talento, experiencia y compromiso.