La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha defendido este jueves en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento de Canarias la necesidad de alcanzar soluciones consensuadas y sostenibles que garanticen una convivencia equilibrada entre la pesca profesional-artesanal y la pesca recreativa en las islas.

Durante dos comparaciones centradas, por un lado, en la situación de la pesca profesional-artesanal y, por otro, en las posibles consecuencias de una ampliación de la zonificación actual para la pesca recreativa, Mendoza subrayó que “es responsabilidad de los poderes públicos garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos, la protección de los ecosistemas y una regulación que no enfrente a sectores que están obligados a convivir”.

La parlamentaria de ASG se mostró crítica con la falta de avances por parte de las administraciones responsables, tanto autonómicas como estatal, y recordó que, tras varias legislaturas con la misma problemática, “no se han adoptado medidas efectivas que desbloqueen el conflicto”. En este sentido, alertó sobre la dificultad de modificar el actual sistema de zonificación sin contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Mendoza señaló además la necesidad de estudiar con rigor las implicaciones de cualquier cambio legislativo: “Existen informes y estudios con conclusiones divergentes, por lo que urge adoptar decisiones basadas en datos contrastables y en evaluaciones constantes sobre el impacto real de las medidas que se planteen”.

Particular énfasis puso la diputada de ASG en el caso de La Gomera, donde las competencias pesqueras en aguas son íntegramente estatales, lo que añade un elemento diferenciador al debate. “No hemos recibido presiones de ningún sector –aclaró–, pero sí estamos comprometidos con propiciar el diálogo y elevar propuestas viables tanto ante la Consejería como ante el Estado”.

Finalmente, Mendoza instó a las partes implicadas a retomar el diálogo directo: «La mejor legislación es la que parte del consenso entre los propios sectores afectados. El Gobierno debe actuar como mediador y facilitador, pero también como garantía de la sostenibilidad y del equilibrio en el uso de los recursos pesqueros del Archipiélago».