Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) votó en contra del Proyecto de Ley de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024 por incompetente e incapaz para impulsar el avance social, económico y medioambiental de la comunidad. Las parlamentarias de NC-BC Esther González y Carmen Hernández imputaron al pacto de CC, el PP, la ASG y la AHI un ejercicio de “marginación e intolerancia” hacia el grupo canarista. NC-Bloque Canarista denunció que, aceptar una de sus 171 enmiendas parciales, es la muestra de la nula voluntad para dialogar por parte del Gobierno y los grupos que lo sustentan.
En el pleno de la votación definitiva de los primeros presupuestos del pacto de las derechas canarias, Carmen Hernández y Esther González defendieron el voto negativo de NC-BC al entender que incumplen con el principal objetivo de la norma más relevante para cualquier ejecutivo, “mejorar la vida de la gente y generar las condiciones para el avance” social, económico y medioambiental del Archipiélago.
Nueva Canarias no pudo apoyar estos presupuestos porque, bajar los impuestos a unos cuantos millonarios, es un “despilfarro” que Canarias no se puede permitir. Pero además “tampoco son sociales”, subrrayaron, al dejar sin protección a la población más vulnerable, mayoritaria en las islas.
Aprobar una sola de las enmiendas de mejora del canarismo de progreso, al mismo tiempo que se aceptó un número significativo de las de la extrema derecha de Vox por parte del pacto conservador, para Carmen Hernández y Esther González, es un ejercicio de “absoluta intransigencia e intolerancia”. Una “falta de consenso y nula voluntad de diálogo”, recriminaron ambas, cargada de una intencionalidad dirigida a “marginar” las propuestas canaristas.
Con más de 11.300 millones de euros disponibles para 2024 y 1.121 millones de euros de aumento del gasto con respecto a 2023, los más expansivos de la historia de la comunidad; González y Hernández avisaron que son “temerarios” y que “consolidan un fraude electoral” al incumplir la promesa de rebajar dos puntos el tipo del Impuesto General Indirecto (IGIC).
Para NC, la distribución de los mismos es “injusta y desequilibrada” a la vez que se castiga a los servicios públicos esenciales educativos, culturales y sociales y a los sectores económicos fuertemente golpeados por la inflación, como el ganadero, o las promesas incumplidas con las empresas encargadas del transporte escolar, entre otros. Una propuesta, criticaron, elaborada por un Gobierno “desnortado que ha tenido que autoenmendarse” en materia sanitaria, donde se han dirigido más de 550 millones de euros del aumento total del gasto.
Queda “patente el convencimiento” de que el Ejecutivo conservador considera que está “por encima de la ley”, censuraron las diputadas, al incumplir normas sectoriales como la de Servicios Sociales, la del Sector Público de la Cultura y el pacto por la ciencia, entre las principales. Igual de críticas se mostraron con los recortes al Servicio Canario de Empleo y para luchar contra la violencia de género y la igualdad, además de la infradotación en recursos hidráulicos y la política de exclusión practicada con Lanzarote y Fuerteventura al quedar excluidas de la bonificación al precio de la gasolina aprobada para las islas verdes o las inversiones proporcionales a su representación territorial y peso en el Producto Interior Bruto canario.
