La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por Tenerife Patricia Hernández ha llevado este martes [7] al Pleno de la Cámara regional la amenaza de desahucio injustificado de más de 200 familias vulnerables del barrio de Añaza de la capital tinerfeña, y ha exigido al Gobierno de Canarias que “deje de comportarse como los fondos buitres”.
La diputada socialista intervino en una pregunta del Grupo Socialista sobre la razón por la que Visocan está mandando cartas a los vecinos y vecinas de las 358 viviendas de Añaza para que entreguen las llaves y abandonen las viviendas, iniciando procesos de desahucios. En su comparecencia, denunció también la falta de sensibilidad de la empresa pública de promoción de viviendas protegidas del Gobierno de Canarias por desahuciar a estas familias sin justificación.
Hernández se refirió a la carta firmada este pasado octubre en las que se les advierte de que el contrato de alquiler finaliza el 4 de febrero del próximo año. “Ustedes les dicen que se vayan, que se vayan con sus hijos y entreguen las llaves, a pesar de que tenían sus contratos en vigor y de su situación de vulnerabilidad”.
En este sentido, recordó que a algunas familias se le reclama el pago del alquiler, cuando ese compromiso tendría que estar cubierto por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife según el convenio suscrito en 2019, cuando los Servicios Sociales garantizaron la cobertura económica para familias vulnerables, e insistió en que en la carta de Visocan queda reflejado que Visocan no ha percibido las mensualidades que le correspondía abonar al Ayuntamiento capitalino. “Así que miren para otro lado para que le paguen sus deudas”.
Además, denunció la existencia de un auto de Visocan para ejecutar un desahucio de una familia con menores que está cobrando el Ingreso Mínimo Vital. “No es el único que conocemos, ustedes han actuado en todos los frentes. ¿Dónde quedan aquellas afirmaciones de ustedes, de Fernando Clavijo y del alcalde, José Manuel Bermúdez, de comprar las viviendas para dar tranquilidad a las 358 familias?”.
Hernández denunció que el Gobierno canario quiera cobrar una deuda “que no se les puede imputar” a estas familias. “Todo porque hay un ayuntamiento que debía dar esas ayudas de alquiler y no las dio. Nos preguntamos dónde queda esa certidumbre para personas que son menores, personas mayores y con discapacidad. ¿Dónde queda el estudio de caso por caso al que se habían prometido?”.
