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La Fiscalía Anticorrupción rechaza la petición de registrar el despacho del exdiputado Juan Bernardo Fuentes

El equipo de la Policía que investiga el caso Mediador pidió realizar el registro ''sin restricciones'' e intervenir los equipos informáticos del investigado

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Juan Bernardo Fuentes Europa Pres

La Fiscalía Anticorrupción ha denegado la petición de la Policía de registrar el despacho que utilizaba en el Congreso el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, investigado en el caso Mediador. Jaime Serrano-Jover ha recordado en un escrito que el Ministerio Público no puede pronunciarse a favor de lo solicitado porque la Constitución consagra la sede del Congreso como »inviolable».

En esta línea, el fiscal propone dirigirse al propio Congreso para que sea la Cámara la que autorice a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía a registrar el despacho utilizado Fuentes Curbelo hasta el pasado 14 de febrero, cuando el PSOE forzó su dimisión al conocer que estaba investigado en una trama de presunta corrupción, en la que ya había sido detenido su sobrino, Taishet Fuentes.

El fiscal propone que participe en el registro también la Comisaría de Policía Nacional del Congreso “para la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado Juan Bernardo Fuentes Curbelo”.

El exdiputado socialista fue detenido pasado el 20 de febrero, seis días antes de que la juez ordenase el arresto de los otros once implicados, una vez que tuvo confirmación de que ya no era miembro del Congreso (contra un diputado en Cortes Generales solo puede proceder penalmente el Tribunal Supremo).

Compareció ante la magistrada el día 22 y salió en libertad con cargos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado, porque la única acusación personada hasta ese momento, la Fiscalía, no pidió ninguna medida cautelar contra él.

A lo largo del sumario, hay varias pruebas de que Fuentes Curbelo recibía en el grupo parlamentario socialista a empresarios que presuntamente solicitaban la influencia de la trama para obtener contratos o subvenciones públicas, o para liberarse de sanciones.