El vicesecretario de Acción Sectorial del Partido Popular de Canarias, Manuel Fernández; junto a la secretaria de Comercio del PP, María Amador; y el miembro de la dirección insular del PP y senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, mantuvieron recientemente un encuentro con representantes de las Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria.
Fernández afirma que se trata de “un primer encuentro de este tipo que mantenemos con Zonas Comerciales y que haremos extensivo al resto de las Islas durante los próximos meses, con el objetivo de establecer un diálogo directo con el sector comercial canario, que está sufriendo las consecuencias de una de las peores crisis que nuestra historia”.
Uno de los temas que se abordaron durante esta reunión fue la Ley de Comercio, que actualmente se encuentra en trámite de revisión por parte del Gobierno de Canarias, sin establecer un diálogo previo con el sector, una “falta de sensibilidad” que ha sido denunciada por el Partido Popular de Canarias, al entender que “no se puede legislar de espaldas al sector en particular, y a la sociedad en general”.
Sobre esta cuestión, Manuel Fernández recordó que “según lo que desvela un informe del Directorio Central de Empresas (DIRCE), Canarias triplica el dato de destrucción de empresas activas de España, “un sector especialmente castigado por los efectos de la crisis del coronavirus en primer lugar, cuya situación ha empeorado significativamente por culpa de una galopante inflación y la consecuente subida de precios de los insumos”, aseguró.
En la reunión, los empresarios también abordaron cuestiones como el efecto que ha tenido la implantación del “bono consumo” en algunos lugares de Canarias y reclamaron mayor agilidad en los trámites administrativos, ya que tal y como denuncian, las consecuencias de la pandemia ha provocado “una lentitud inaceptable en cualquier trámite administrativo, y especialmente, en el de las subvenciones, tanto en su tramitación como en su abono, del que son víctimas sectores tan vulnerables como los autónomos”.
Los representantes de las Zonas Comerciales Abiertas, que manifestaron la necesidad de que la política comercial del Gobierno de Canarias estuviera dirigida por alguien “que conozca el sector”, también pusieron sobre la mesa las medidas de ahorro energético impuestas por el Gobierno del Estado, sobre las que Manuel Fernández dijo que “no es de recibo que impongan medidas sin consensuar a un sector tan castigado como el comercial, sin que faciliten herramientas y medios para poder llevarlas a cabo”, a lo que agregó que “el Gobierno de Canarias presume de disponer del mayor presupuesto de su historia, pero el año pasado dejaron sin ejecutar 600 millones de euros, una cantidad más que considerable para poner recursos a disposición del tejido productivo canario, que los ayude a remontar la crisis que atravesamos”.
