Complejo Medioambiental de El Revolcadero

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha destinado 9.750.156,77 euros a Canarias para mejorar la gestión de los residuos municipales y facilitar el cumplimiento de los objetivos europeos de gestión aplicables a estos residuos y a los envases y residuos de envases, fundamentalmente.

Estos fondos proceden de la Componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que aporta un total de 175 millones de euros para la gestión de residuos en todas las comunidades y ciudades autónomas.

Las bases reguladoras acordadas hoy por el Gobierno para el año 2022 apenas incluyen cambios con relación a las bases reguladoras correspondientes al pasado ejercicio de 2021, al objeto de facilitar su tramitación a los gobiernos regionales, de modo que sólo tengan que publicar una nueva convocatoria si así lo estiman oportuno.

Las bases y el reparto han sido acordados en la comisión de coordinación en materia de Residuos y en la comisión sectorial de Medioambiente del pasado 17 de mayo. Los fondos aprobados hoy por el Consejo de Ministros serán transferidos tras la próxima Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Líneas de actuación y reparto equitativo

Al igual que en el ejercicio de 2021, los fondos deberán destinarse a financiar las siguientes líneas de actuación:

Línea 1. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de las existentes.

– Línea 2. Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente.

– Línea 3. Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente.

– Línea 4. Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc.), y mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes.

En todos los casos podrán beneficiarse de las ayudas las comunidades y ciudades autónomas que realicen la gestión de residuos de titularidad autonómica con medios propios, así como los municipios y otras entidades locales que tengan asumidas las competencias.

En el caso de la Línea 1 también podrán optar las entidades jurídicas públicas y privadas (empresas, asociaciones, fundaciones universidades…) que gestionen residuos comerciales no peligrosos o domésticos. Los gestores de residuos podrán optar a las líneas 2, 3 y 4.

Los criterios para la distribución territorial de los fondos implican un reparto equitativo, puesto que se tienen en cuenta el volumen de residuos generados en cada territorio, su situación respecto al cumplimiento de los objetivos comunitarios y su densidad de población. De este modo se tienen en cuenta particularidades como la presencia turística y la dispersión de los habitantes, otorgando más apoyo donde hay más necesidades de inversión.