El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo

Como decían nuestros abuelos, amor no quita conocimiento. Tengo que confesar que esperaba que de la Conferencia de Presidentes saliera un acuerdo para atender solidariamente a los menores no acompañados que están bajo tutela de Canarias, pero no fue así. Y ahora habrá que pedir una modificación legislativa, ya que no basta con voluntades incumplidas.

La solidaridad, a estas alturas, ya no puede ser una promesa. Canarias lleva demasiado tiempo asumiendo la responsabilidad de cuidar y atender a casi tres mil menores. La inmigración hacia nuestras islas ha demostrado no ser un fenómeno pasajero, sino una constante ante la que ya no cabe alegar sorpresa o desconocimiento.

El nuevo Gobierno de Canarias renunció expresamente a la política de la confrontación que tantos otros han practicado en el pasado en Canarias. Los partidos firmantes del ‘pacto de las flores’ establecimos que era necesario crear un nuevo espacio de entendimiento con la administración central basado en el respeto mutuo, en la lealtad institucional y en la colaboración y el diálogo. Canarias ha sido en todo momento una Comunidad Autónoma que ha renunciado a crear problemas para pasar a intentar solucionarlos. Renunciamos a la crispación política en un mundo que ya nos parecía demasiado crispado. Y en ese nuevo espacio, lo que Canarias espera es una lealtad recíproca por el Estado.

Es evidente que no habríamos superado los efectos de la crisis de los últimos dos años si no hubiera sido por el apoyo financiero de Europa y de España. Los fondos extraordinarios que se han derivado a las islas han sido fundamentales para superar el mayor desastre económico que ha vivido el Archipiélago en su historia reciente. En el año 2020 perdimos nada más y nada menos que diez mil millones de euros a causa del “cero turístico” provocado por la pandemia. Sufrir una caída del 20% del PIB y seguir vivos es un milagro que solo se explica por la solidaridad de la Unión Europea con España y por el compromiso del Gobierno central con las comunidades autónomas más desfavorecidas, como es el caso de nuestras islas.

Las amenazas que se ciernen sobre las islas en los próximos meses son muy preocupantes. Tenemos razones para pensar que el encarecimiento de los precios del transporte de viajeros y mercancías, la inflación, la crisis energética y las incertidumbres de la guerra de Ucrania pueden terminar lastrando la recuperación turística de Canarias. Una vez más no se trata de un problema del destino (o sea, nuestro), sino de un acontecimiento global sobre el que no tenemos capacidad de influencia.

Es necesario que Canarias pueda incluirse como un capítulo especial en el Plan Nacional de respuesta ante las nuevas incertidumbres. Nuestro Archipiélago importa más de quince mil millones en bienes cada año y un aumento de los fletes y de los costes del transporte puede ocasionar un encarecimiento insoportable de la vida en las islas. Y si a eso se le une una inflación desbocada y un nuevo desplome del sector turístico, nos volveremos a enfrentar, como ya nos ocurrió hace dos años, a una tormenta perfecta que seremos incapaces de superar por nosotros mismos.

Las personas con las que hablo están agobiadas. Les cuesta llenar el depósito de combustible del coche con el que van a trabajar. Han visto cómo se ha disparado el precio de la cesta de la compra por el encarecimiento del transporte. Y la inflación les ha robado una parte muy importante de la capacidad adquisitiva de sus salarios. Y si eso les pasa a las clases medias, no cuesta imaginar el efecto terrible que está teniendo este encarecimiento de la vida para las decenas de miles de personas que ganan menos de quinientos cincuenta euros mensuales, como es el caso de las pensiones no contributivas que, en su mayoría, perciben mujeres de nuestra tierra.

Vamos a defender en el Gobierno que se tomen medidas para que los más débiles puedan ser auxiliados. Estamos por reducir, coyunturalmente, la fiscalidad sobre los combustibles, que en Canarias son esenciales para el transporte. No nos cabe la menor duda de que la ciudadanía de estas islas está esperando una respuesta para superar un nuevo año de dificultades. Y estamos seguros de que nuestro Gobierno va a darla. Y que defenderemos ante las más altas instancias del Estado la adopción de las medidas excepcionales que sean necesarias para atender las necesidades de una tierra excepcional. Otra cosa resultaría impensable para mí.