El Juzgado de Instrucción de Tenerife ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias por intrusismo profesional contra una “falsa podóloga” que llevaba 18 años ejerciendo en varias farmacias de Tenerife, sin perjuicio de que se puedan derivar indicios de otro tipo de delitos.
El Colegio de Podólogos de Canarias se querella contra siete personas vinculadas a cuatro farmacias “así como contra cualquier otra persona o personas que de las diligencias que se practiquen se deduzcan su responsabilidad en los hechos denunciados”. Las farmacias están localizadas en Santa Cruz de Tenerife, Los Silos, Icod de los Vinos y San Cristóbal de la Laguna. De momento, el Juzgado ya ha llamado a declarar a la “falsa podóloga”.
La querella solicita que se decrete el procesamiento de las personas relacionadas en la querella, exigiéndoles fianza por su libertad provisional y fianza por la responsabilidad civil originada, y de no prestarla, que se decrete el embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir la responsabilidad.
El Colegio de Canarias ha contado hasta con cuatro detectives y ha aportado numerosas pruebas: ocho grabaciones de vídeo, cinco de audio, cuatro informes, dos burofaxes y un certificado. Del conjunto de los informes, grabaciones y vídeos, se aprecia el “acuerdo existente entre los querellados para llevar a cabo la actividad de la podología al margen de la ley, ofreciendo servicios por parte de personas no profesionales, disponiendo de consultas y herramientas profesionales, y poniendo de manifiesto una colaboración estrecha que incluye la emisión de facturas, devoluciones de efectivo y remisión de pacientes a otras farmacias”.
La “falsa podóloga” pasaba consulta al menos en estas cuatro farmacias y, según las pruebas documentales presentadas, la de Santa Cruz era la principal y donde se realizaban, además, productos de ortopedia.
El Colegio de Podólogos había recibido quejas desde 2018 pero el proceso de recabar pruebas ha sido costoso y hasta finales de 2021 no se presentó la querella con todas las pruebas. En 2018 y tras verificar que A.B.B. no se encontraba colegiada en Canarias, se le requirió, mediante sendos burofaxes, para que acreditara que ostentaba la titulación oficial preceptiva en España para poder ejercer la profesión de podología.
La denunciada comunicó al Colegio que disponía de un título alemán “que entendía que la habilitaba para el ejercicio de la podología”. En esa llamada se le hizo saber que el citado título no tenía validez en España sin su correspondiente homologación y se le advirtió de que atribuirse el carácter de podóloga y ejercer esta profesión sin el correspondiente título podía constituir un delito de intrusismo profesional.
A.B.B siguió publicitándose como podóloga y ejerciendo en diversas farmacias de la isla de Tenerife, por lo que el Colegio Oficial de Podólogos decidió la contratación de una empresa de detectives para que verificara que las denuncias que estaba recibiendo el Colegio eran reales.
Entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, hasta cuatro detectives se presentan en las distintas farmacias, donde fueron atendidos por la denunciada, por un ortopeda y por personal de las farmacias.
En la primera farmacia confirman que hay una podóloga trabajando y que tiene “lista de pacientes”, pasan a la investigadora al despacho que “cuenta con los elementos propios de una consulta de podología, como es el sillón, lámpara, fresadora y sus diferentes cabezas, bisturíes, etc.”, la querellada “realiza las funciones propias de un podólogo, como son medir el arco del pie, señalar la necesidad de usar plantillas, recomendar hacerlas en una ortopedia “donde tiene su sede principal de actividad” y entrega un “justificante de asistencia a una consulta de podología, con el sello y firma de la farmacia”.
La segunda cita es en la ortopedia, vinculada a la farmacia de Santa Cruz, para hacerse las plantillas, conforme le había indicado A.B.B. El ortopeda confirma que A.B.B. “trabaja allí como podóloga” y, tras explorar el pie, diagnostica «una pequeña fascitis plantar”, y recomienda unas plantillas. Según consta en la querella “el ortopeda carece de capacidad para diagnosticar y prescribir”: su función es elaborar las plantillas y otros elementos bajo la prescripción del profesional de podología.
Una tercera cita con la “falsa podóloga” es en otra farmacia que también cuenta con una consulta con los elementos necesarios para el desarrollo de la profesión podológica. En este caso, la detective le comenta a A.B.B que padece “uñeros”, enfermedad cuyo tratamiento compete a los podólogos y la querellada la trata con los aparatos que tenía a su disposición para curar la uña afectada. También se ofrece a tratar otra enfermedad propia del pie: los papilomas. Tras cobrar sus servicios, le ofrece diversos productos de la farmacia a la investigadora, con lo que incumple también la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que declara incompatible el ejercicio de las funciones sanitarias con facultad de prescribir, como la podología, con los intereses económicos en la comercialización de los productos prescritos. En la factura, se define el servicio como «pedicura avanzada».
En la cuarta y última cita, la empleada de la farmacia afirma que cuentan con podóloga, identificando a A.B.B, “que tiene mucha experiencia y es una gran profesional, que el título que tiene es alemán, pero que no tiene validez en España”. La consulta cuenta también con los elementos propios para el ejercicio de la podología. La querellada hace un diagnóstico de pie plano y recomienda plantillas. En el desarrollo de la conversación llega a reconocer que llevar “trabajando como podóloga en España, y concretamente, en Tenerife, desde hace unos dieciocho años. Igualmente, reconoce trabajar en farmacias y ortopedias de toda la isla”.
El Colegio de Canarias ya ganó recientemente un juicio por intrusismo
Recientemente, fue condenada a 6 meses de prisión por intrusismo profesional una mujer británica que ejercía como podóloga en Lanzarote sin título ni colegiación. La condenada realizaba, desde 2018, tratamientos de hongos y verrugas en los pies que publicitaba en diversas páginas web. La denuncia había sido realizada por el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias.
