El senador por la isla de La Gomera, Fabián Chinea, reclamó hoy que el Ministerio del Interior acate los autos judiciales que se han emitido en las últimas fechas y permita la salida hacia la Península de los migrantes que se encuentran bloqueados en Canarias. La petición fue planteada por Chinea durante la comparecencia del Defensor del Pueblo, celebrada hoy en la Cámara Alta, en la que se debatió su informe sobre la crisis migratoria en el archipiélago canario.
El senador de la Agrupación Socialista Gomera recordó que “hasta octubre, miles de inmigrantes pudieron salir por su cuenta de las islas, pero durante los últimos meses la policía ha establecido controles permanentes en los puertos y aeropuertos canarios. Los agentes pasaron, siguiendo instrucciones, a frenar sistemáticamente a los migrantes que pretendían marcharse con sus pasaportes o sus solicitudes de asilo, dos documentos reconocidos para poder viajar”.
“Aunque nos aseguran”, agregó Chinea, “que los controles tienen como objetivo el cumplimiento de las restricciones sanitarias, en la práctica sirven para identificar extranjeros llegados a las islas. Más allá de los que han sido descubiertos con pasaportes falsos, al resto se les retiene para que pierdan sus vuelos. Hoy, tras los autos judiciales, voluntarios y letrados les acompañan hasta el control de acceso y su mediación está facilitando su salida”.
Un incremento del 124% en la llegada de migrantes a Canarias
El senador destacó, durante su intervención, que “existe una realidad objetiva sobre nuestra posición geográfica como frontera Sur de la Unión Europea que nos debe obligar, especialmente al Gobierno, a poner las luces largas porque este hecho no va a ser puntual y, desgraciadamente, se va a repetir en el futuro. De hecho, se está repitiendo este mismo año: los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, el pasado día 15 de abril, apuntan a una creciente llegada a las islas -un 124% más que en el mismo periodo de 2020- y un descenso en las costas de la Península (un 8,8% menos)”.
“Esa es una realidad a la que debemos mirar de frente para que la historia de los campamentos improvisados, las decisiones precipitadas y la ausencia de una política migratoria más rigurosa no vuelva a poner a nuestro archipiélago en el punto de mira por imágenes que manchan la idiosincrasia de un pueblo solidario y comprometido con el respeto de los derechos fundamentales. Canarias no puede volver a ser noticia por campamentos de la vergüenza como el de Arguineguín o por la nefasta gestión del centro habilitado en Las Raíces. O las 22 mujeres y tres niños hacinados en Fuerteventura. No podemos permitirlo”, añadió Chinea.
Chinea lamentó que “no exista una política migratoria que contemple el fenómeno en su totalidad ni la suficiente coordinación entre los distintos Ministerios. Las plantillas policiales son reducidas. No existen suficientes letrados especializados en cuestiones de extranjería. No hay intérpretes en las lenguas más comunes usadas por los migrantes. No se respetan los protocolos para la acogida inicial de los migrantes. No hay unas normas de aplicación claras y precisas para regular cada situación (menores, madres con hijos, solicitantes de asilo y protección internacional). No existen sistemas de identificación de personas desaparecidas en el trayecto y ninguna oficina de atención a los familiares”.
El senador de ASG agregó que “no hay, además, medidas para evitar que se generen fenómenos de xenofobia en la población, especialmente en aquellas localidades que reciben una mayor presión en el número de llegadas. Muchos vecinos y vecinas han sido los que han tomado la iniciativa y se han plantado en los centros para conocer de primera mano una información que el Gobierno se ha resistido a ofrecer. Y no me refiero a datos confidenciales sino a la información más básica para garantizar la convivencia”.
Distribución solidaria de adultos y menores entre distintas Comunidades Autónomas
Chinea expuso que se debe imponer “una perspectiva solidaria entre todas las comunidades autónomas. Y sería necesario que el Gobierno del Estado alcanzase un acuerdo consensuado y estable con el conjunto de las comunidades autónomas para buscar vías que acometan de forma solidaria distintas iniciativas de colaboración”.
El senador de ASG destacó que “Canarias acoge, en estos momentos, a más de 2.700 menores. No es razonable que los servicios de protección canarios asuman en solitario el reto que esto supone, por lo que habría que disponer de un plan estratégico para la integración de los menores, impulsado por la Administración General del Estado. Un plan que contemple un reparto equitativo y solidario entre el resto de las comunidades autónomas mediante la suscripción de convenios con fundaciones y otras entidades para que asuman su atención y cuidado”.
