Guillermo Mariscal, secretario General del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados

El secretario general del GPP en el Congreso y diputado por Las Palmas, Guillermo Mariscal, y los diputados canarios del PP Ana Zurita, María Auxiliadora Pérez y Sebastián Ledesma han reclamado al Gobierno, con una batería de cerca de medio centenar de preguntas, un Plan de choque extraordinario para la recuperación turística en Canarias tras el COVID-19.

Entre estas iniciativas se encuentra la de interrogan al Gobierno de España sobre si tiene previsto suavizar el confinamiento a partir del 26 de abril en las islas de El Hierro, La Gomera y Lanzarote.

Los Populares creen que se debería actuar de forma diferente teniendo en cuenta cómo han afrontado la epidemia y los buenos resultados que arrojan las estadísticas que las contemplan, La Gomera, El Hierro y Lanzarote.

Los diputados canarios preguntan también al Gobierno si “tiene previsto implementar un plan de choque extraordinario para la recuperación turística”, habida cuenta de que “la economía de Canarias va a ser de las más afectadas como consecuencia de la pandemia, al coincidir en plena temporada alta de turismo y con un daño, de momento, que afecta a más de 140.000 personas que están en ERTE, 51.000 bajas de afiliaciones a la Seguridad Social y la pérdida de millones de turistas”.

El Partido Popular plantea también al Gobierno si “tiene previsto prorrogar los ERTE de los hoteles más allá del estado de alarma para evitar una destrucción masiva de empleo, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID19, y teniendo en cuenta la importante dependencia de la economía canaria del turismo”.

De igual modo, se interesan por lo que deberían ser las respuestas del Gobierno de
carácter inmediato, entre ellas, por “cuándo tiene previsto devolver casi el 50% de los
fondos destinados a la puesta en marcha de políticas activas de empleo -que el Gobierno
‘incautó’ a la Comunidad- que tanto necesita Canarias para hacer frente a la pérdida de
empleo en turismo, restauración y servicios”, así como por “los criterios para el
establecimiento” de una tarifa única para vuelos en determinadas rutas aéreas del
archipiélago “cuando se supone que el uso de esta línea de transporte habría de hacerse por causas absolutamente esenciales, medida absolutamente incoherente con el ahorro que tendrá el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la subvención del 75% en transporte aéreo al que tenemos derecho todos los canarios”.

También preguntan al Gobierno sobre el superávit y los remanentes de las corporaciones
locales canarias ante las condiciones de lejanía e insularidad, por “el montante de las
obras de contratación pública” que se ejecutaban a día de publicación del Decreto de
interrupción de la actividad no esencial y por el número de autónomos en el archipiélago
a fecha del Decreto de medidas económicas y sociales.