El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al juez Salvador Alba a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación por conspirar contra la también magistrada y actual diputada de Podemos Victoria Rosell durante los meses en los que la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
Según informa Canariasahora.com, en una sentencia notificada este martes a las partes, la Sala de lo Penal del alto tribunal canario atribuye al magistrado, suspendido de funciones desde julio de 2018, los delitos de prevaricación, en concurso con el de cohecho, y falsedad en documento oficial. El magistrado suspendido queda absuelto del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de la revelación de secretos.
Alba deberá además indemnizar a Rosell con 60.000 euros por los daños morales ocasionados como consecuencia de esta operación. La actual diputada de Podemos tuvo que renunciar a la Diputación Permanente del Congreso después de que el Tribunal Supremo admitiera, gracias a un informe de Alba ahora declarado falso, la querella que el exministro José Manuel Soria había presentado contra ella.
La Fiscalía pedía diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el magistrado por lo que describió como “un acuerdo corrupto” con un empresario al que entonces investigaba, Miguel Ángel Ramírez, con un único objetivo: desacreditar a la jueza Rosell.
Este pacto, maquinado en una reunión clandestina en el despacho del juez el 16 de marzo de 2016 y ejecutado una semana después en una declaración de Ramírez en sede judicial, buscaba cuestionar la instrucción de Rosell en la causa contra el entonces presidente de Seguridad Integral Canaria (SIC), por los supuestos negocios entre este empresario y sociedades del periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza. Negocios que, «de haberlos habido», se remontarían a 2009, cinco años antes de que la actual diputada de Podemos abriera diligencias contra Ramírez, según manifestó la fiscal Evangelina Rios en la vista.
Ese acuerdo pretendía un doble objetivo: el archivo del procedimiento por un supuesto incumplimiento del deber de abstención y alimentar la querella que contra la magistrada había presentado el exministro José Manuel Soria (PP) contra la jueza, que había pedido la excedencia para concurrir a las elecciones generales de diciembre de 2015 en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas.
La condena implica la pérdida definitiva de la condición de juez para Alba, que puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.
El TSJC ha denegado además la autorización al magistrado para interponer una querella por calumnias contra Miguel Ángel Ramírez, el empresario que grabó la conversación que ambos mantuvieron en el despacho de Alba y en la que pactaron los términos de la operación para perjudicar a Rosell. En su declaración como testigo, el expresidente de Seguridad Integral Canaria (SIC) comparó los métodos del ahora condenado con los propios de «la mafia de Chicago en los años 30».
