Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias celebra que Canarias cuente, tras 32 años, con una Ley de Servicios Sociales que responde a la realidad actual de cada una de las Islas y que se cimienta en la solidaridad y la cohesión territorial, tras obtener, este martes, la aprobación unánime de todos los grupos que forman parte de la Cámara regional.

“Estamos ante la ley más importante de esta legislatura, ya que se trata de una herramienta indispensable para luchar contra las altas tasas de pobreza en las Islas y la exclusión social, puesto que permitirá que Canarias avance para atender a los que más sufren y a los colectivos más vulnerables”, destacó.

Asimismo, Curbelo se refirió, en su intervención en esta última sesión plenaria de la legislatura, a una de las cuestiones que considera de mayor relevancia de la norma, como es el derecho subjetivo y universal de todos los ciudadanos canarios a recibir los servicios sociales, independientemente de la Isla en la que residan. “Todas las administraciones públicas están obligadas a prestar el servicio ya que los ciudadanos lo pueden reclamar en cualquier momento”, subrayó.

Curbelo recordó que la norma adquiere especial interés ya que pone su centro en las personas, y en especial en las que mayores dificultades tienen para velar por el bienestar y la calidad de vida de todos: dependientes, personas en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, familias monoparentales y numerosas, personas con diversidad funcional, mayores, menores o inmigrantes, entre otros.

Por ello, aseguró que “da igual quien la haya parido, ya que lo importante es que se trata de la mejor ley que podemos aprobar hoy, fruto del trabajo intenso de todos los grupos parlamentarios, que han apartado sus diferencias ideológicas para llegar al máximo consenso”.

Curbelo calificó la norma de “moderna, social y de última generación”, al tiempo que recordó que se trata de un texto “muy esperado por todos para dar una respuesta digna a las personas y las familias, por lo que debe ser motivo de orgullo para todos”.

El portavoz de ASG detalló que constituye el cuarto pilar del estado del bienestar, junto con la sanidad, la educación y la dependencia, por lo que pidió voluntad política para que el Gobierno actúe en la aplicación de la norma y que se apruebe, en el plazo máximo de un año, el Plan de Lucha contra la Exclusión Social y el proyecto de ley de la renta ciudadana de Canarias, en 18 meses de máximo.

Asimismo, indicó que se hace necesario, más que nunca, la cooperación institucional y la definición competencial de cada una de las administraciones públicas, con la coordinación y la descentralización de estos servicios en ayuntamientos y cabildos, así como la evaluación y planificación de los distintos convenios plurianuales.

Por último, aprovechó su intervención para felicitar a todos los grupos parlamentarios y a los ponentes que han formado parte activa en la redacción de la norma, pues “han dado una lección de trabajo en democracia que no es habitual, basado en el consenso, el diálogo, el esfuerzo y la voluntad por trabajar para las personas frente al interés partidista”.

Dedicó su agradecimiento y el de su grupo parlamentario a cada uno de los miembros que han formado parte de la ponencia. En concreto, agradeció el esfuerzo realizado por la diputada de ASG Melodie Mendoza, así como a Elena Luis de CC-PNC; Teresa Cruz, del PSOE; Pepa Luzardo, del PP; Luis Campo, de NC y a María del Río, de Podemos. Además, mostró su agradecimiento al letrado José Ignacio Navarro, por su entrega y dedicación, así como a las consejeras del área, Patricia Hernández y Cristina Valido, además de todos los colectivos profesionales y a la Fecam y Fecai, además de los trabajadores que forman parte de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y a todos los voluntarios que han enriquecido este texto con sus aportaciones.