La ponente de Nueva Canarias (NC) en la proposición de ley de la memoria histórica, Esther González, criticó los “signos” de tolerancia con la apología franquista por parte de CC, PP y la ASG. La portavoz nacionalista en la materia anunció que mantendrá vivas sus dos enmiendas para fijar un régimen coercitivo o sancionador a las corporaciones locales por mantener la simbología totalitaria, “si es preciso, hasta la votación final” del texto legislativo impulsado por todos los grupos de la Cámara.
A punto de concluir los trabajos de la ponencia de la Proposición de Ley (PPL) de la Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas Canarias de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista; Esther González hizo un balance sobre la situación de las 10 enmiendas parciales defendidas por NC.
Tras insistir en que uno de los principales objetivos de la propuesta legislativa es la creación urgente de un banco de ADN para identificar las exhumaciones dada la longevidad de los descendientes directos de los represaliados en las islas, Esther González destacó la inclusión de una propuesta para incluir en la comisión técnica a un representante de los menores robados, reconocidos como víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista en el ámbito de la aplicación de la ley.
Para González, sin ficha financiera, del Gobierno de Canarias y del resto de las administraciones públicas canarias, la ley estaba destinada al fracaso, por lo que mostró su satisfacción porque los grupos aceptaran la enmienda de NC para dar cobertura económica al programa definido para cada año.
En el mismo sentido se pronunció al conseguir que se eliminen aquellos contenidos que pueden suponer una vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar de los represaliados. En concreto se refirió a la iniciativa que impide a la comunidad autónoma actuar de oficio, sin que nadie lo solicitara, para incluir a la persona concernida en el registro.
Sin embargo estos avances conseguidos de NC se truncaron, tal y como explicó, por la mayoría de CC, el PP y la ASG que impidió que se aprobaran otras dos enmiendas destinadas a fijar un régimen sancionador o coercitivo. Por un lado, González promovía que, a las instituciones públicas locales que se negaran a retirar la simbología y los honores recibidos durante el franquismo, se les retuviera el 2% de los fondos públicos a recibir mientras mantuvieran su negativa.
En su defecto, la ponente nacionalista instaba al Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo a que desarrolle, a través de los reglamentros y en un plazo de seis meses, un sistema de infracciones y sanciones general para los incumplimientos de la norma.
La también presidenta del grupo parlamentario de NC se mostró muy crítica con los “signos” de tolerancia de la ASG, CC y PP con la simbología franquista. Esther González anunció que mantendrá vivas estas dos enmiendas tanto en la comisión, que se reunirá cuando termine la ponencia el próximo mes de septiembre, y también en el pleno posterior de la votación final de la proposición de ley, “si no reconsideran su postura” estos tres grupos.
El grupo nacionalista, apostilló la ponente, “no renuncia” a luchar por la retirada de los simbolos totalitarios que “aún perviven en nuestros municipios e islas”.
