Sí se puede en Valle Gran Rey lleva una moción al pleno del Ayuntamiento de Valle Gran Rey para que el Cabildo, asumiendo sus competencias, ponga en funcionamiento a la mayor brevedad la oficina de gestión del Parque Rural, ya que, transcurridos 12 años desde la aprobación definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión, es evidente que la mayor parte de los objetivos generales con los que fue declarado este espacio no se han cumplido, precisamente, por no contar con los equipos humanos y financieros que la gestión de un Espacio Natural conlleva.
“De acuerdo con el artículo 189 de la nueva Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, corresponde al Cabildo Insular poner en funcionamiento la oficina de gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey con los medios personales y materiales que sean necesarios” explica Carlos Hernández, portavoz y concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey. “Ya que ASG es tan defensora de la Ley de Suelos, solo pedimos que desde donde gobiernan asuman lo que dicta esta Ley, aunque ya la legislación derogada también determinaba lo mismo y mucho caso no hicieron”.
Para la formación asamblearia, la declaración del Parque Rural, lejos de suponer un revulsivo para la dinamización socioeconómica de los barrios que se asientan en su territorio y para la protección y conservación de sus valores naturales y patrimoniales, solo ha supuesto una regulación de actuaciones urbanísticas, “e incluso esto se hace de manera deficiente si se tiene en cuenta la cantidad de expedientes que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha abierto a promotores que han realizado actuaciones dentro de este Espacio”, abunda el portavoz.
Entre los muchos problemas que tiene el espacio y las personas que lo habita, desde Sí se puede se destaca el deterioro del paisaje abancalado, las altas cifras de palmas muertas por distintas causas, los vertidos de aguas negras en el barranco de Arure, el ganado asilvestrado que provoca daños en la agricultura y en la flora amenazada, la destrucción del patrimonio arquitectónico y etnográfico, el decaimiento en la población infantil y juvenil de los barrios, y las fuertes limitaciones que sufren las empresas que están instaladas en el espacio.
También apuntan al grave riesgo de incendios que sufre todo el Parque debido al abandono agrícola y la acumulación de residuos vegetales, además de al desarrollo de cañas en el cauce del barranco. “Parece mentira que después de lo que sufrió esta zona el 12 de agosto de 2012 debido a esto mismo, 6 años después se esté en la misma situación. Además, muchas de las casas dañadas en el incendio de agosto de 2012 no han podido ser rehabilitadas por la inadecuación de la normativa urbanística del Parque Rural, por lo que esta desidia se entiende aún menos”, insiste Hernández.
Para el portavoz, “con todas estas realidades actuales cabría pensar que la declaración del Parque Rural de Valle Gran Rey fue perjudicial, pero hay que señalar que lo inapropiado y perjudicial, en nuestra opinión, ha sido la ausencia de gestión en el mismo, que se refleja en la ausencia de una Oficina de Gestión que cuente con los medios personales y materiales necesarios y que podía haber promovido y desarrollados proyectos que paliaran la problemática a la que se enfrenta el espacio y quienes lo habitan, por eso esta propuesta”.
Otro aspecto que trabaja la moción es pedirle información a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias al respecto del incumplimiento del Documento Financiero ratificado en la Aprobación definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey (BOC 105, 01/06/2006). “En tal documento se estimó un coste de 5.374.015,79 €, distribuidos en 10 anualidades, pero da la impresión de que de esas cantidades señaladas hasta aquí poquito ha llegado”.
“Según indagaciones que hemos realizado y a modo comparativo, los Parques Rurales de Anaga y Teno, en Tenerife, cuentan con presupuestos de más de 1,5 millones cada uno, solo en inversiones y gastos corrientes, sin tener en cuenta el personal asociado (que oscila entre las 13 personas en Anaga y las 9 de Teno), y se desarrollan proyectos de protección ambiental y de desarrollo socioeconómico asumiendo los objetivos y obligaciones que la legislación determina. ¿Por qué en los Parques Rurales de Anaga o Teno la protección del territorio es capaz de generar proyectos de desarrollo y puestos de trabajo cualificados y aquí en el de Valle Gran Rey no? Parece que todo indica a que allí existen oficinas técnicas de gestión mientras que aquí no hay nada de eso y por eso esta moción”, finaliza su intervención Carlos Hernández.
