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La Universidad Rey Juan Carlos traslada a la Fiscalía el caso de Cifuentes por detectar indicios de delito

Cristina Cifuentes

La Universidad Rey Juan Carlos ha decidido llevar el asunto del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la Fiscalía ante posibles indicios de delito que han descubierto en el inicio de las investigaciones.

En un breve comunicado, la Universidad ha expresado que «Como consecuencia de la investigación ordenada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, el pasado 21 de marzo, y ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito, la Universidad ha decido dar traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para su investigación. Mañana, viernes, 6 de abril, a las 13.30 horas, el rector comparecerá ante los medios en el edificio de Rectorado del Campus de Móstoles (Madrid) para dar más detalles sobre este asunto».

Una de las profesoras no firmó el acta del TFM

Alicia López de los Mozos, una de las profesoras del tribunal que supuestamente evaluó el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes, ha reconocido ante la inspección de la Universidad Rey Juan Carlos que no firmó el acta que presentó la presidenta madrileña como prueba de la obtención de su título, según han informado varios medios.

La profesora ha declarado que nunca formó parte de un tribunal de trabajo fin de máster y que, por tanto, su firma debió ser falsificada.

El caso salió a la luz el 21 de marzo, cuando eldiario.es desveló que las notas de dos de las asignaturas del Máster en Derecho Autonómico que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid en en el año académico comprendido entre 2011/2012 podrían haber sido falseadas. Ese mismo día, por la noche, Cifuentes presentó unas presuntas pruebas que para ella aclaraban el asunto, pero sin presentar pruebas de la existencia de su Trabajo de Fin de Máster, que acreditaría que realizó los estudios.

Este miércoles la presidenta compareció ante la Asamblea de Madrid presentando prácticamente las mismas pruebas de su supuesta inocencia, ante lo que el PSOE decidió abrir el proceso para realizar una moción de censura, mientras que Ciudadanos proponía la creación de una comisión de investigación sobre el caso.

 

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