El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la Ley del Crédito Extraordinario de 340 millones de euros. CC, PP y NC, avalaron enmiendas por 63 millones, sin obviar la exigencia al Gobierno de que sea diligente en su gestión, y recibió críticasdel PSOE, para el que viene a tapar agujeros.
La ley de concesión de crédito extraordinario, por importe de 50.888.548,26 euros, y suplemento de crédito por 289.111.451,74 a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017, recibió enmiendas de todos los grupos que en general se congratularon de la inyección de fondos que recibirán los servicios públicos.
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, explicó que se trata de la mayor ley de crédito extraordinario que se haya presentado jamás en la Comunidad Autónoma y debe servir para mejorar la calidad de vida de los dos millones de habitantes del archipiélago.
Rosa Dávila reconoció el trabajo conjunto y de diálogo que han tenido las fuerzas políticas, lo que convierte la aprobación de esta norma en un hecho doblemente histórico en una ley que busca «una inversión al futuro, una oportunidad única para iniciar el camino del fortalecimiento del estado de bienestar».
«Esta ley es el comienzo de una nueva etapa para los servicios públicos esenciales de Canarias», apostilló Dávila, quien enumeró el destino de las partidas, entre ellas unos 50 millones de euros para prótesis y material sanitario, programas asistenciales de tarde, 10,2 millones para equipamiento en centros sanitarios y otras medidas para paliar las listas de espera.
En educación se asignarán unos 50 millones para la formación bilingüe, 5,5 millones para educación universitaria, 5,3 millones para la adaptación al mercado laboral y 6 millones para la digitalización de las aulas.
Otros 12 millones se emplearán en la contratación de personal y sustituciones y 4,5 millones para nuevas infraestructuras educativas.
En políticas sociales habrá 95 millones para el plan de infraestructura sociosanitaria con el objetivo de crear 4.000 nuevas plazas para mayores dependientes en dos años, 12 millones para reforzar servicios teleasistencia y centros de día, 4,2 millones para el programa de garantía juvenil y más de 865.000 euros para la lucha contra la violencia de género.
El portavoz del grupo Socialista Iñaki Lavandera opinó que la aprobación del crédito es una buena noticia para Canarias, pues se incorporan recursos a lo que los socialistas consideran fundamental, el estado del bienestar.
Sin embargo, apreció el portavoz socialista, «nos gusta la música, nos gusta cómo suena, aunque la letra es mejorable» pues hay aspectos en los que hay diferencias de opinión sobre la oportunidad y los criterios políticos.
Añadió que en algunas de sus propuestas el proyecto revela que se tapan agujeros con recursos que el PSC reclamaba cuando estaba en el Gobierno.
El diputado popular José Tomás Estalella señaló que «hemos quedado todos razonablemente insatisfechos» en el objetivo claro de mejorar los servicios sociales, pues se podía haber evitado destinar cantidades a estas partidas si la consejera hubiera «afinado el lápiz a la hora de ajustar los presupuestos», lo que tiene «su máxima y dolorosa expresión en las listas de espera sanitarias».
Noemí Santana, portavoz de Podemos, criticó la táctica del Gobierno regional de «empaquetar y vender» el crédito como uno de sus logros cuando lo que revela, dijo, es el «desconcierto» reinante en la Consejería de Hacienda, que no se sabe qué política presupuestaria está aplicando «y nos tiene obnubilados».
El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, advirtió de que ahora corresponde al Gobierno de Canarias gestionar los recursos de forma eficiente y clara porque tienen que mejorar necesariamente la prestación de los servicios básicos y romper la dinámica de andar en la cola en casi todo.
«Pido al Gobierno que sea diligente y se aplique en gestionar estos recursos de forma rápida y transparente«, reiteró Rodríguez, para quien con estos fondos nadie «nos regala nada, porque estamos recuperando el maltrato recibido».
Por el grupo Nacionalista Canario su portavoz, José Miguel Ruano, afirmó que en esta ley ha habido avances «que hemos construido entre todos» y subrayó que negociar y tender puentes no es ser cautivo de nadie, sino ser proactivos y responsables en asuntos de vital importancia para el desarrollo de Canarias.
El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Casimiro Curbelo coincidió en que el Gobierno regional debe hacer todo lo posible porque cuenta con herramientas a su alcance para que estos fondos se materialicen en el tejido social del archipiélago.
«Hoy está de enhorabuena el Parlamento con la aprobación de la ley. Ahora hace falta capacidad para hacer las cosas con agilidad porque el tiempo pasa muy rápido y la administración se para en agosto«, dijo Curbelo, quien insistió en pedir al Ejecutivo regional «un esfuerzo especial porque hay mucha gente que necesita estos recursos» y se debe finalizar 2017 «con la tarea hecha».
En su intervención el líder de ASG se dirigió al presidente Fernando Clavijo y al responsable de Nueva Canarias, Román Rodríguez, para ver «qué le pedimos al Gobierno central» en los presupuestos para el próximo año
