Va cobrando fuerza el término <remunicipalización>. El vocablo es algo feo, cuando menos raro, pero se va abriendo paso a medida que en el ámbito municipalista se van registrando cambios en orden a la gestión de los servicios que un ayuntamiento ha de prestar.
El concepto, también conocido como <reinternalización>, se explica como aquella actuación de un ayuntamiento basada en la recuperación de la gestión directa de servicios públicos que se están prestando de forma indirecta. Algún autor sostiene que el término debe ser delimitado con claridad pues a menudo se utiliza con escaso rigor jurídico, lo que supone (según el profesor zaragozano Cándido Marquesán Millán) pasar por alto algunos aspectos que tienen una gran trascendencia práctica. La primera precisión, pues, es esa: para remunicipalizar o reinternalizar, debe existir un servicio que tiene el carácter de público y es prestado por un ayuntamiento aunque sea de forma indirecta.
El asunto abunda en el debate, ya clásico, a propósito de si es más eficiente y hasta más barata la gestión privada de los servicios públicos que la pública o prestada directamente por la administración local. Los ayuntamientos españoles han experimentado algunas modificaciones al respecto desde que las corporaciones democráticas, a finales de los setenta del pasado siglo, emprendieron la ardua tarea de funcionar con más cercanía a los ciudadanos y mejorar sus condiciones de vida. Ha habido de todo, resultados para todos los gustos que, en cualquier caso, habría que analizar a partir de las características de cada municipio y las razones que aconsejan la modalidad de la prestación. Ideológicamente es indiferente: ayuntamientos gobiernos progresistas o de izquierda asumieron también el modelo privado que fue mponiéndose en la década de los ochenta, fruto del impulso neoliberal. No tardó la dicotomía: mientras la gestión pública se identificaba con burocracia, ineficiencia y vicios de funcionamiento, la privada o indirecta significaba -en la teoría- pasar la responsabilidad a terceros (es decir, casi desentenderse), ganar en agilidad y procurar beneficios para la ciudadanía.
En definitiva, un escenario de pugilato, alimentado por intereses: estigmatizar lo público y alimentar la creencia o la opinión de que la gestión privada es mejor, más eficiente y hasta más barata. Con el tiempo se ha demostrado que no es así y algunos se han caído, no con todo el equipo porque las cuentas de resultados siempre se resisten y buscan cualquier resquicio, sino con pruebas tangibles de que la reducción de costes se hace a cuenta de la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores o mermando la calidad de los servicios que se prestan. Ya son numerosos los casos en que los contratos terminan saliendo más caros que la gestión directa.
Entonces, la tendencia ahora es la de remunicipalizar o reinternalizar, aún contrastado el afán de ‘lobbys” y grupos de presión económica que se revuelven para no perder posiciones… ni negocio. Pero datos y números son llamativos. Veamos: en París, la remunicipalización del agua ha significado la reducción de un 8 % en el importe de las tarifas. En ciudades de Canadá, Reino Unido y Alemania se constatan también disminuciones en prestaciones del servicio de recogida de basuras, eléctrico o sanitario. En Munich (Alemania), las autoridades municipales se están planteando la creación de un servicio público de energías al cien por cien renovables para el año 2025. Y en España, la experiencia del consistorio de León, con votos de PP y PSOE, la titularidad municipal del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, debe ser tenida en cuenta: ahorro de ocho millones de euros y subrogación de más de doscientos puestos de trabajo.
En conclusión, siendo respetables las modalidades -por sus rentabilidades las conoceréis-, se trata de estudiar a fondo la viabilidad de la gestión directa de ciertos servicios públicos que, según se va saliendo de la crisis, favorezca el interés general y ponga blanco sobre negro ventajas y rendimientos. No está por demás, con las experiencias acumuladas y con un elemental sentido progresista, volver a poner en valor lo público, democratizado y transparentado con todas sus consecuencias.
La remunicipalzación va.
