El secretario general del PSOE de Canarias, José Miguel Pérez (c), y la vicepresidenta de Canarias, Patricia Hernández (d), durante la reunión de la comisión permanente de la Ejecutiva Regional del partido a la que han asistido también los secretarios generales de la organización en las siete islas y sus cargos del Gobierno para decidir qué posición adoptar ante la crisis del pacto regional, de la que el PSOE responsabiliza en exclusiva a sus socios./Elvira Urquijo A. (EFE)

El secretario general del PSOE en Canarias, José Miguel Pérez, ha puesto sobre la mesa del PP un planteamiento formal para presentar una moción de censura contra Clavijo y desalojar del Gobierno a Coalición Canaria, donde la formación nacionalista lleva instalada desde hace 23 años. Según avanza el periódico La Provincia y La Opinión en el día de hoy, la mayoría suficiente para que la iniciativa tenga éxito se lograría con la suma de los cinco diputados de Nueva Canarias. En la propuesta presentada al presidente del PP en las Islas, Asier Antona, la Presidencia la ocuparía en un principio Patricia Hernández, actual vicepresidenta del Ejecutivo de coalición CC-PSOE, aunque en una operación que aún está por madurar un grupo impulsa el retorno de Román Rodríguez a la Presidencia .

La censura auspiciada por José Miguel Pérez cuenta con el beneplácito de grupos empresariales, principalmente de la isla de Gran Canaria, que se manifiestan molestos y preocupados por la imagen de continua tensión en el seno del Gobierno. Una falta de entendimiento que se ha hecho evidente, con muestras públicas de ello, desde el pasado mes de agosto.

La estrategia del PSOE choca, sin embargo, con la poca predisposición por parte de los populares. El agradecimiento a CC por su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy, y que el único voto de los nacionalistas en el Congreso permita al país salir del impasse político en el que vive desde hace más de 312 días, es máximo. La ofensiva de los socialistas se articula tanto por parte del máximo responsable como del vicesecretario de Política Institucional, Francisco Hernández Spínola, que ha mantenido contactos con la secretaria general de los populares canarios, Australia Navarro. Antona ya ha trasladado a Génova el planteamiento de Pérez y la dirección nacional del PP ha dejado en sus manos la decisión última.

 

-1:02

 

Desde el PP en las Islas consideran, con todo, que pese al ofrecimiento no hay una voluntad plena de llevar adelante la censura. Dar ese paso les supondría dejar en la estacada, poco más de un año después de tomar posesión, a más de un centenar de cargos y perder el control sobre los miles de millones de euros del presupuesto de la Comunidad Autónoma que gestionan sus áreas. A los populares tampoco les acaba de encajar que José Miguel Pérez dé ese paso cuando Patricia Hernández, en calidad de consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda acaba de impulsar una ley de Servicios Sociales que está previsto que vea la luz a principios de 2017.

Este mismo martes en el debate parlamentario Antona conminaba a los miembros del pacto de gobierno a abandonar el género litetario del «esperpento» de Valle Inclán y sustituirlo por el «realismo» de Benito Pérez Galdós. «Trabajen, que les vendrá bien», les aconsejaba.

El sí o no, no obstante, tiene que estar claro antes del día 31. Ese es el plazo máximo que el PSOE ha dado a CC para que acepte las últimas de sus propuestas para reconducir el pacto: la articulación de una moción de censura en Puerto de la Cruz, donde los ediles nacionalistas incumplieron el acuerdo en cascada ordenado en el pacto general; y la dimisión de la alcaldesa de Arico, Elena Fumero, que fue refrendada por el PP. La exigencia es que todo tiene que estar encaminado antes del lunes. CC no ve tiempo material ni para encaminarlo. «Es imposible», confesaba el martes en la Cámara regional el secretariode organzación de CC, José Miguel Ruano.

Si el plazo se incumple, el reloj de los socialistas echará a andar para que la moción de censura entre de inmediato en el Parlamento de Canarias que preside la socialista Carolina Darias y en la primera quincena de noviembre tome posesión el nuevo gobierno.

Crisis eterna

Lo cierto es que nacionalistas y socialistas no acaban de cerrar una crisis que ya dura más de un mes, desde que prosperara la moción de censura en Granadilla de Abona, el 27 de septiembre, impulsada por CC con el apoyo de PP y Ciudadanos en contra del alcalde socialista, Jaime González Cejas.

A ese es el último capítulo de una serie de desencuentros. En el listado está, estos últimos días y en plena negociación para reconducir el acuerdo, la petición de Coalición a la dirección regional del PSOE para que expulse del partido al concejal díscolo de La Laguna Javier Abreu. Con esta exigencia, CC se garantizaría también la desactivación de una posible censura en el Ayuntamiento lagunero y, a cambio, los nacionalistas, tal y como se ha puesto sobre la mesa de negociación, respaldarían a un alcalde socialista en Puerto de la Cruz .

Al infierno de los pactos municipales se suma, en la lista de agravios entre ambos, las negociaciones internas para la configuración de los presupuestos autonómicos de 2017. Los socialistas exigen más fondos para las áreas que gestionan y en especial para Sanidad. Si CC y la consejara de Hacienda, Rosa Dávila, transigen supondría además una forma de reparar la imagen pública que se dio del responsable de Sanidad, Jesús Morera, al revelarse el desvío de 145 millones en el presupuesto que se le asignó para este año.

Además, el factor Carlos Alonso pesa en la relación entre los socios como una losa. El presidente del Cabildo de Tenerife no cesa en sus ataques a la consejera Ornella Chacón, de hecho hay dirigentes socialistas que aventuran que si el pacto puede saltar por los aires es precisamente como consecuencia de los desaires del tinerfeño a la majorera.

Alonso llegó a afirmar en el punto álgido de la polémica que se propone «ganar la batalla» a la responsable de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias a cuenta de sus exigencias para la financiación del Anillo Insular. Respondía así a unas declaraciones de la consejera, que dijo que el cierre de la vía no se había podido realizar porque el mandatario insular faltó a la palabra dada de aportar 15 millones de euros para la obra.