El Gobierno de Canarias aprobó hoy el Plan Parcial de Ordenación de recursos humanos por el que se establecen medidas para la recuperación del empleo público y para frenar la pérdida del mismo en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para la regulación de la prolongación voluntaria de la permanencia en el servicio activo de sus funcionarios y funcionarias.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, recuerda que, desde el inicio de la crisis, los gobiernos del Estado han venido imponiendo a las comunidades autónomas importantes recortes en sus recursos humanos, lo que ha conducido a una reducción significativa del número de empleados públicos, sin posibilidad, en la mayoría de los casos, de reposición.
Además, las tasas de reposición de los últimos años han sido bajas, pues primero fueron del 10% (2013 y 2014); después, del 50% (2015), y finalmente, del 100% (2016) para los servicios declarados prioritarios o esenciales, en la senda establecida por las leyes de presupuesto del Estado, que con carácter básico han venido estableciendo los parámetros de reposición.
Sin embargo, para el resto de los servicios públicos que no han sido declarados esenciales o prioritarios, pero que son igualmente necesarios, porque necesaria es la actuación administrativa en todos aquellos ámbitos en que tiene razón de ser su presencia, la descapitalización de los recursos humanos en los últimos ejercicios ha sido alarmante, colocando algunos sectores en auténtica situación de riesgo, advierte Afonso.
En el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante 2015 abandonaron el sistema un total de 173 funcionarios y funcionarias por razón de jubilación forzosa, por incapacidad, voluntaria, excedencias voluntarias de diferentes tipos y por fallecimiento; y frente a ese abandono se incorporaron un total de 21 funcionarios y funcionarias de carácter interino para desempeñar puestos vacantes, siendo similares las cifras de los años anteriores.
Entre otros aspectos de la iniciativa, destaca que la autorización para que nuevas funcionarias y funcionarios de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias pasen a desempeñar puestos en comisión de servicios en otras administraciones públicas será excepcional para preservar los recursos humanos con que cuenta.
Asimismo, y en la misma línea, contempla la posibilidad de prolongar la permanencia voluntaria en el servicio activo de los funcionarios y funcionarias que lo soliciten en los términos establecidos en el artículo 36 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
Por otra parte, la medida favorecerá la adaptación progresiva de los puestos de trabajo de los departamentos y organismos autónomos de la Administración Pública autonómica mediante la adecuación del diseño de los mismos a las funciones que, efectivamente, realizan sus ocupantes o las que deban realizar los titulares que se incorporen a los mismos de entre los cuerpos, escalas y especialidades existentes, reservando al personal laboral los puestos que se adecuen al contenido en el artículo 15.1.c de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, actualmente en vigor y de aplicación supletoria; y teniendo en cuenta la previsión contenida en el artículo 67.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo de la Función Pública Canaria.
Además, queda sin efecto la previsión del apartado II b) del Acuerdo de Gobierno de 7 de julio de 2009 que establece que “las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que se presenten suprimirán los puestos vacantes de las mismas de tal forma que la relación de puestos de trabajo que se apruebe no disponga de más de un 5% de puestos vacantes en el departamento”.
