El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, afirmó este martes que la reforma legal realizada por el Gobierno del PP referente a los plazos máximos para la finalización de la instrucción en el proceso penal conducirá a que miles de causas penales en Canarias “puedan archivarse, dejando a las víctimas indefensas”.
En el pleno de la Cámara, recordó que, según esta modificación impuesta desde la mayoría absoluta del PP, “o se finaliza la investigación por el juez en seis meses o se archiva, ampliándose el plazo a tan solo 18 meses cuando las causas se determinen como complejas”. Matos sostuvo que se trata de “una nueva chapuza del gobierno del PP en materia de justicia”, materializada en octubre de 2015 con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
“Esa reforma impulsada por el ministro Catalá, que recibió la oposición de todos los grupos políticos, ha obligado, mediante una disposición transitoria, a que antes del 6 de junio se revisen todas las diligencias penales abiertas en España a fin de que los juzgados decidan sobre su continuidad o no como causas complejas”, expuso, e indicó que, como consecuencia, se ha obligado a revisar unas 540.000 causas penales en toda España.
El parlamentario del PSOE precisó que, según diferentes fuentes de la Consejería de Justicia y de la Fiscalía, en Canarias habría unas 15.000 causas pendientes que han tenido que ser revisadas para evitar la impunidad que supone no haber calificado las diligencias antes del 6 de junio. “A pesar del enorme esfuerzo y de la eficaz actuación del Gobierno de Canarias, casi un 40 por ciento de las causas abiertas no podrán ser revisadas antes de esa fecha, con lo que unas 6.000 causas corren serio riesgo de acabar en la papelera, infracciones penales que no se podrán juzgar adecuadamente”, advirtió.
En esta línea, consideró que se trata de “un escándalo provocado, una vez más, por las chapuzas del PP en materia de justicia, que se suma al desaguisado del Lexnet, al intento de privatización de los registros civiles o a las insuficientes reformas en materia de protección de la ciudadanía en el ámbito bancario”. Matos señaló que todas las asociaciones profesionales de la justicia han criticado al Gobierno de España por la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y por los límites en los plazos para instruir que se han impuesto., desde la Asociación Española de Fiscales Progresistas, Jueces Para la Democracia o Foro Judicial Independiente.
Añadió que la Fiscalía General del Estado reconoció recientemente la imposibilidad de cumplir el plazo de seis meses previsto y ha pedido al Gobierno que introduzca mecanismos para paliar los posibles perversos efectos que la medida traerá. “Desgraciadamente, el Gobierno no ha podido atender esa propuesta la estar en funciones”, expresó.
Gustavo Matos hizo hincapié en que el PSOE registró el pasado 14 de enero una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “pero, lamentablemente, la legislatura finalizó y no se pudo tramitar”. Al respecto, dijo que tal vez Podemos “sepa explicar a los afectados, a partir del próximo 6 de junio, por qué su causa penal ha sido archivada y los posibles investigados por corrupción le darán las gracias por impedir una reforma de una norma que les favorece claramente”.
Remarcó que las “perversas consecuencias” de la reforma del PP no solamente afecta a las causas que ya estaban en curso, sino también a las nuevas diligencias que se han empezado a instruir tras su aprobación. El plazo máximo de 18 meses para causas complejas, subrayó, es “un sinsentido, pues la complejidad de delitos, por ejemplo, relacionados con el blanqueo de capitales o la corrupción política, requiere la realización de diligencias de investigación muy complicadas, como comisiones rogatorias a países extranjeros que harán que sea muy difícil instruir estos casos en esos plazos impuestos por el PP”.
