El concejal de Urbanismo y Planificación de Arona, Luis García, ha confirmado este viernes que en el edificio que se derrumbó en Los Cristianos no constaba licencia de obras ni tampoco fueron comunicadas al Ayuntamiento.
Además ha informado de que el Ayuntamiento ha iniciado la labor para elaborar un censo de todo el parque edificatorio municipal y conocer la antigüedad de los edificios del municipio, sobre todo, para identificar los de carácter residencial y de antigüedad superior a 50 años.
El concejal explica que hay protocolos de actuación desde hace años y que se aplican permanentemente para garantizar el cumplimiento del deber legal de conservación, pero desde el Ayuntamiento también se quiere apostar por una labor preventiva y se van a poner en marcha «toda una serie de mecanismos para que la ciudadanía conozca qué acciones debe llevar a cabo en caso de obras o dudas sobre el estado de conservación de su edificio».
El concejal señala que la Inspección Técnica de Edificios no es la única respuesta porque, en el caso del edificio número 12 de la calle Amalia Alayón, que se derrumbó el pasado 14 de abril provocando el fallecimiento de 7 personas, la construcción era más reciente al periodo de 50 años de antigüedad que establece la normativa para esta inspección.
«Es importante recordar que la realización de las ITE no compete a los ayuntamientos ni a los técnicos municipales; los propietarios deben contratar los servicios de técnicos cualificados que realicen esa labores de inspección y les trasladen los resultados. Por tanto, garantizar un óptimo estado de conservación de los edificios requiere una mayor concienciación social, porque las ITE, por si solas, no van a ser la solución», subraya.
El edificio número 12 se construyó en 1972 y el concejal señala que la administración no pudo actuar conforme a los protocolos de los que ya dispone, porque no se comunicó que se estuvieran realizando trabajos en el interior, no se había concedido ninguna licencia de obras y no existía ninguna comunicación acerca de que existiera alguna sospecha sobre la estructura.
No obstante, recuerda que será la justicia la que determine las causas de este «desgraciado» incidente y que el Ayuntamiento colaborará con todo lo necesario en la investigación.
Colaboración ciudadana
«Tenemos que conocer la antigüedad de nuestro parque edificatorio como un primer paso esencial, pero, en estos días, también hemos visto que hay una necesidad de explicar a la ciudadanía los procedimientos para evitar circunstancias como las que hemos vivido estos días», comenta. En este sentido, apuntó que no se denunció ante el Ayuntamiento ni se informó de la existencia de unas obras que, tras los hechos, algunas personas han afirmado públicamente que se estaban produciendo.
Además, el Ayuntamiento quiere facilitar toda la información a las comunidades de propietarios sobre sus obligaciones legales y los procedimientos que deben seguir ante cualquier sospecha, ya que la administración pública no puede actuar de oficio si no tiene conocimiento de los hechos.
«Nuestros técnicos han estado trabajando de manera incansable, y con una dedicación que agradecemos profundamente, ante esta tragedia. Lo han hecho desde el minuto uno, con el operativo de rescate, los procedimientos técnicos para la estabilización de la zona de escombros, las decisiones sobre seguridad en el terreno, ahora con el proyecto de obra para la demolición de la parte restante», explica Luis García.
Asimismo, señala que llevan años haciéndolo por todo el municipio para garantizar la protección de la legalidad, con protocolos para actuar en situaciones de indisciplina urbanística, proponiendo la adopción de medidas cautelares que se materializan, en la mayor parte de los casos, en menos de 24 horas.
«También tenemos establecidos procedimientos de actuación, a requerimiento de la propiedad, cuando se denuncia el estado deficitario de una construcción o edificación, procedimiento que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento del deber de conservación y que incluye medidas cautelares, también en menos de 24 horas tras la inspección, que son de obligado cumplimiento y que, en casos de gravedad, incluyen el desalojo», indica.
Un ejemplo de esas actuaciones es el centro comercial Starco, que cuenta con una parte desalojada y donde se han aplicado las medidas coercitivas pertinentes
«Contamos con los mecanismos reactivos en perfecto funcionamiento, pero necesitamos que los propietarios asuman las obligaciones que les marca la Ley y por eso vamos a apostar por la concienciación, porque solo entre todos podemos reducir las posibilidades de que sucesos tan traumáticos y fatales como el que hemos vivido en Arona vuelvan a repetirse», apunta.
